Esta medida se tomaría, según dijo, para evitar "represalias" como la sufrida por la secretaria de la Junta de personal, María Miramontes, a la que se impuso una sanción administrativa de tres meses de suspensión de empleo y sueldo, por difundir un comunicado de prensa en el que denunciaba supuestas irregularidades cometidas por la Consejería de presidencia, de acuerdo con la versión sindical.

La sanción, que está recurrida ante el Tibunal Superior de Justicia de Galicia, fue impuesta por la administración autonómica a María Miramontes, por incurrir en una falta grave al "quebrantar el sigilo profesional" mediante la difusión de información considerada confidencial, "datos a la que había tenido acceso por su condición de traductora" referidos a la evaluación de puestos de trabajo en la Xunta de Galicia.

El órgano de representación de los funcionarios autonómicos considera el hecho como una "represalia, porque la Xunta no quiere qe se descubra su parálisis aguda y el mal funcionamiento de la Xunta". Carlos Ansía acusó a la administración autonómica de "negar a sus funcionarios el derecho a informar sobre irregularidades".