LOS SINDICATOS Y LA FRAVM DENUNCIAN EL PARON DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA PUBLICA EN MADRID
El texto se ha copiado correctamente en el portapapeles
Los sindicatos CCOO y UGT, así como la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), denunciaron hoy la posible paralizción de la construcción de viviendas públicas en Madrid, como consecuencia del endeudamiento y la falta de liquidez de la Sociedad Estatal de Gestión para la Rehabilitación y Construcción de Viviendas Sociales (SGV), empresa pública que pertenece a la Dirección General del Patrimonio del Estado.
Este parón afectaría al Programa de Barrios en Remodelación -cuya ejecución corresponde a la SGV- y supondría la suspensión de la construcción de unas 5.000 viviendas sociales promovidas por la Comunidad de Marid en los barrios de Vallecas, Carabanchel, Palomeras, Villaverde, San Blas, Chamartín, Fuencarral, Canillejas, Orcasitas, San Fermín, Valdeacederas y Ventilla.
Pablo Fernández, representante de CCOO en la SGV, explicó que el estrangulamiento de la tesorería de la empresa tiene su origen en la deuda de 7.000 millones de pesetas que tiene contraída el Ivima con la SGV y en los de 70.000 millones que el Ministerio de Obras Públicas debe al Ivima.
El sindicalista advirtió que, si la crisis se prologa en el tiempo, pueden peligrar los 170 puesto de trabajo con los que cuenta en la actualidad la SGV, así como otros mil contratos eventuales de distintas empresas del sector de la construcción.
Fernández responsabilizó de la actual situación a la Administración central, por no dotar los fondos necesarios para continuar con los programas destinados a la vivienda social, así como al Ivima, por ser incapaz de cumplir sus compromisos.
35.000 VIVIENDAS CONSTRUIDAS
La SGV, constituida en 1977 con u capital social de mil millones de pesetas, desembolsado por el Instituto Nacional de la Vivienda, el Ayuntamiento de Madrid y la Caja de Ahorros, ha construido un total de 35.000 viviendas.
Por su parte, Antonio Murillo, vicepresidente de la FRAVM, acusó al Gobierno central de no apostar decididamente por una política de vivienda social, que redundaría en beneficio de las capas sociales más necesitadas.
Indicó que la Administración quiere "tirar la pelota" a los agentes sociales y la iniciativa rivada, para que sean ellos los que desarrollen estas actuaciones.
Murillo recordó que la Plataforma Sindical Prioritaria (PSP), en el apartado relativo a la vivienda, establecía la construcción de 6.000 viviendas anuales destinadas a la población con menos poder adquisitivo, compromiso que, en su opinión, también ha sido incumplido.
(SERVIMEDIA)
28 Nov 1991
M