También ayer, la concejala socilista Patrocinio de las Heras se mostró contraria a esa medida, que, en su opinión, supondrá una desprofesionalización de la atención social, ya que, además de que desaparecerán 8 plazas, significará la supresión para 24 puestos de trabajo del requisito de poseer la titulación de diplomado en Trabajo Social.

A juicio de las centrales, esta modificación, que calificaron de "ataque", es una medida que conculca el derecho de los sindicatos a la información y negociación de las reestructuraciones de los srvicios que prestan a los madrileños y de las condiciones de los trabajadores afectados.

Asimismo, añaden que la propuesta del equipo de gobierno atenta contra el carácter de derecho no discriminatorio y dirigido a todos los ciudadanos que las normas legales sobre el sistema público de Servicios Sociales y la propia Constitución establecen.

"Con esta reestructuración, el PP pretende una seria regresión y la vuelta a la beneficencia que el texto constitucional ya abolió", afirman en un comunicado. Para los sindicatos, esta medida se traducirá en un recorte y empeoramiento de los servicios a los madrileños, que serán quienes, a su juicio, sufrirán las consecuencias de "esta política involucionista basada en la pérdida del derecho al acceso a la promoción, inserción, integración y desarrollo en general".

Afirman también que con ella el equipo de gobierno cuestiona la capacitación, profesionalidad y responsabilidad demostrada por los trabajadores de los Servicios Sociales, diplomados en Trabao Social, que atienden tando el área como los centros de éste en las juntas de distrito.

Finalmente, CCOO y UGT anuncian que los trabajadores de este servicio y los sindicatos responderán a "esta agresión con todos los medios a nuestro alcance", al tiempo que hacen un llamamiento a los partidos políticos y asociaciones ciudadanas para que intenten paralizar la reestructuración.