UGT y CCOO reaccionaron con rapidez a este anuncio y han invitado a los demás sindicatos a una cumbre sindical el próximo lunes, día 23, para que se sumen a sus movilizaciones: concentraciones en todos los gobiernos civiles a las 12 de la mñana del próximo día 30 de septiembre y manifestaciones, también en todas las capitales de provincia, a las 19 horas del día 15 de octubre. CSI-CSIF, ELA-STV, LAB y CIGA acudirán a esta reunión.

El ministro Rajoy justificó la congelación salarial de los funcionarios en la necesidad de cumplir con los criterios de convergencia con Maastricht en cuanto a déficit público, ya que el Estado ahorrará unos 200.000 millones de pesetas por este concepto.

Sin embargo, admitió que este apartado de los Presuuestos del Estado subirá un 2 por ciento, debido a la actualización de trienios y la subida de las clases pasivas, así como también al mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas.

Añadió que el acuerdo trianual 1995-97 firmado por el anterior Gobierno para mantener el poder adquisitivo de los funcionarios recogía una cláusula que condicionaba este cumplimiento a la buena marcha del crecimiento económico y del déficit público.

Rajoy expresó su voluntad de mantener el diálogo en la Mesade la Función Pública y mencionó algunos de los temas en los que se buscará acuerdos, como el Estatuto de la Función Pública, el programa de formación continua y el acuerdo marco de personal laboral, entre otros. Los sindicatos, de momento, han decidido manteneres en la Mesa y discutir estos temas.

La congelación salarial afecta a todos los empleados de las administraciones públicas, ya sean de la central, autonómica o locales, así como a los de las empresas que reciban subvenciones del Estado. Esta h sido uno de los aspectos que más ha irritado a los sindicatos, sobre todo a los de carácter autonómico, porque supone que los convenios firmados hasta ahora en ayuntamientos y comunidades autónomas no tendrán vigencia.

Por esa razón, una de las medidas prevista es la recogida de 500.000 firmas para sacar adelante en el Congreso una iniciativa legislativa popular que impida que la Ley de Prespuestos rompa los convenios colectivos de los empleados públicos firmados por administraciones autonómicas y loales.

Julio Lacuerda, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, y Carlos Sánchez, secretario general del área pública de CCOO, denunciaron el incumplimiento del acuerdo firmado por el anterior Gobierno.

Además, mostraron su decisión de llevar este asunto al tribunal de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por el incumplimiento de un acuerdo internacional ratificado por España, en el que se admite la capacidad de negociación de los empleadospúblicos. Asimismo, también pedirán la mediación del Defensor del Pueblo.

Los representantes sindicales se mostraron muy críticos con el Gobierno por hacer que los sacrificios vuelvan a caer, a su juicio, sólo sobre los funcionarios. Criticaron también que el Ejecutivo sí respetara el acuerdo firmado el año pasado con la organización de médicos CESM, lo que supone que en 1997 los funcionarios de la sanidad tendrán una subida salarial de unas 10.000 pesetas mensuales.

Por su parte, el presidente dl CSI-CSIF, Domingo Fernández, calificó la congelación salarial de "injusta, peligrosa, equivocada y agresiva". Este sindical, al igual que ELA, LAB y CIGA, mostraron su disposición a sumarse a las movilizaciones convocadas por UGT y CCOO y que se discutirán el próximo lunes.