Según el Consejo, el proyecto de ley "legaliza la tormentosa retirada del sector público en la prestación de los servicios de telecomunicaciones" con la privatización de Telefónica y Retevisión.

En opinión del Consejo, esto convierte al Gobierno en "mero espectador de un sector que tendrá un fuerte impato en la vida cotidiana de los ciudadanos" y hace desaparecer todas las tareas públicas estratégicas de impulso de los servicios, el empleo y la industria.

Además, el proyecto de ley establece, a juicio del Consejo, "un servicio universal raquítico que no favorece la cohesión social y territorial", con lo que facilitará las discriminaciones geográficas en precios y llevará a que las zonas rurales atendidas por radio, sigan sin tener acceso al fax o a Internet.

Por esto, el Consejo Social de las Cmunicaciones, formado por las Federaciones del Transporte y las Comunicaciones de CCOO y UGT y por las organizaciones de consumidores CECU y UCE, propone a los grupos parlamentarios mantener la presencia y el control público de las telecomunicaciones; extender, mejorar y abaratar los servicios y favorecer la participación social en el proceso.