A su juicio, la forma en que el Gobierno plntea su ley, remitida ya al Parlamento, "tan sólo beneficiará a los grandes clientes (bancos, grandes empresas...) y a las operadoras, mientras que los clientes residenciales y los trabajadores serán los paganos del proceso". Por ello, apela a todas las fuerzas sociales y políticas a que se unan contra la ley.

Para el CSC, el Gobierno va a introducir "con precipitación y desorden la competencia en la prestación de los servivios y las infraestructuras de telecomunicaciones".

La renuncia del Ejecutvo a los dos años de moratoria que permitía la Comisión Europea para liberalizar este mercado, según el Consejo, afectará al mercado español, porque la penetración de los servicios es menor a la de los demás países de la Unión Europea, es inferior la calidad en áreas rurales y las redes de cable son prácticamente inexistentes.

Con este panorama, sindicatos y organizaciones de consumidores critican al Gobierno que adopte una postura de "mero espectador" ante el proceso que se avecina, "renunciando a meanismos de regulación en un sector que tendrá un fuerte impacto en los ciudadanos".

El servicio universal, es decir, el que deberá garantizarse a todos los ciudadanos a precios asequibles -telefonía, fax y transmisión de datos-, es calificado por el CSC de "raquítico", ya que ni se impide la discriminación de precios entre diferentes zonas de España por un mismo servicio, ni se dice cuál debe ser esa asequibilidad. Para estas organizaciones, el actual precio de las llamadas de teléfono debería considearse una referencia máxima.

Otro elemento de crítica del Consejo es la falta de seguridad para una correcta cohesión del territorio. A juicio de esta organización, no se define la calidad de conexiones que garantice la llegada de los servicios de fax o Internet a zonas rurales apartadas, y la futura ley se limita a expresar las buenas intenciones del Ejecutivo para que los nuevos servicios se implanten en la mayor parte del país.

"En las condiciones de plena competencia", señalan, "el Estado no dspone de medios adecuados para universalizar servicios, por lo que también peligra la cohesión territorial y social". A su juicio, sería necesario para evitarlo diseñar un Plan Director de Infraestructuras de Telecomunicaciones de carácter indicativo y controlado por el Parlamento.

Igualmente, señala que el actual Consejo Asesor de las Telecomunicacines seguirá existiendo, pero al tratarse de un órgano asesor del Gobierno, con la retirada de éste de casi todas sus tareas reguladoras se quedará vacío d contenido.