En declaraciones a Servimedia, ambos representantes sindicales anunciaron que pedirán la convocatoria inmediata de la Mesa de la Función Pública para exigir explicaciones sobre este asunto, y no descartan emprender acciones legales al respecto, cuando tengan acceso a la carta enviada por ERC a los trabajadores.

Ramón Cebrián reconoció que "se sabía de la existencia de estas cartas y que había gente que se sentía incómoda, pero que los afectados directos lo habían negado siempre. Esperamos que a partir de ahora la cosa cambie y podamos hacer algo al respecto".

Para Cebrián, este tipo de cuotas son normales en los altos cargos de un partido, pero "es una barbaridad exigírselas a un auxiliar administrativo o a una telefonista que tienen unos sueldos que no son precisamente muy elevados".

Por este motivo, Cebrián pidió explicaciones al conseller en cap y calificó como "una barbaridad" que ERC se escude en lo de las subvenciones anónimas de los empresarios y diga que ellos hacen lo mismo con trabajadores.

Finalmente, el responsable de UGT recordó que los funcionarios han de ser independientes y concluyó que "es inconcebible plantear que un afiliado a ERC pueda trabajar mejor que uno que no lo es".

Por su parte, Juan Carles Gallego manifestó que "es comprensible que pueda haber contraprestaciones voluntarias derivadas de los nombramientos políticos, pero no se puede permitir que el personal laboral tenga que dar una aportación económica obligatoria a un partido".

"El acceso a la función pública responde a los criterios de mérito, capacidad y publicidad y en ningún caso a criterios de índole política, y en consecuencia entendemos que una práctica de este tipo es totalmente reprobable", prosiguió Gallego.

Por todo ello, el responsable de CCOO aseguró que "si se confirma todo esto solicitaremos un expediente sancionador a las personas responsables de esta práctica o a las que hayan nombrado trabajadores a su cargo por motivos políticos y no profesionales".