Redondo y Gutiérrez criticaron el aumento del IVA y de las retenciones del IRPF, que se aplicará en agosto, y señalaron que las dificultades fiscales del Gobierno son consecuencia de no luchar suficientemente contra el fraude tributario y dar un trato demasiado benevolente a las rentas del capital.

Los sindicatos pidieron al Gobierno que no "cargue las tntas" sobre las rentas del trabajo y recordaron que el Ejecutivo llevó al año pasado al Parlamento la Ley del IRPF que se aplicará en 1993, y que supondrá una merma de ingresos de cientos de miles de millones de pesetas para el Estado.

MAS RIGOR CON EL CAPITAL

A su juicio, sería necesario incluir en el ajuste un tratamiento más riguroso de las rentas de capital y una modificación del impuesto de sociedades, ya que "el sistema tributario sigue siendo injusto porque los que más pagan son los que depenen de un salario".

Los líderes sindicales reclamaron también a Solchaga que redujera en un punto el tipo inferior del IVA, actualmente del 6 por ciento, para gravar menos los productos básicos de consumo. El ministro, según los sindicatos, se comprometió a adoptar esta medida para primeros de 1993.

Los sindicatos fueron informaron de otras medidas de reducción de gastos, entre ellas la modificación de la Incapacidad Laboral Transitoria (ILT), ya que sus costes en 1991 fueron de 460.000 millones ypodrían alcanzar los 600.000 en 1993.

Solchaga y Martínez Noval les comunicaron igualmente la decisión de reducir la oferta pública de empleo, salvo en los Ministerios de Sanidad, Justicia y Educación. Además, a los funcionarios se les recortarán las primas de productividad en torno al 10 por ciento y habrá reducción de gastos y en protocolo y publicidad de los organismos administrativos.

Los dos líderes sindicales valoraron positivamente "el nuevo marco de diálogo social" y señalaron que las mess de constitución del Consejo Económico y Social (CES), así como salud laboral y formación profesional, se abrirán esta semana casi con toda seguridad.

Quedarán para septiembre otros frentes de negociación, como la reforma del INEM, horas extraordinarias, o la modificación del decretazo, sobre el recorte del subsidio de desempleo, que provocó la pasada huelga general, medida a la que dicen no haber renunciado.

CRITICAS DE USO Y CSIF

Por su parte, el secretario general de USO, Manuel Zaguirre, mnifestó hoy que "el plan de ajuste es profundamente injusto y, a medio plazo, altamente perjudicial para el saneamiento y relanzamiento económico".

A su juicio, "con esta terapida brutal, los trabajadores y las clases populares pagamos tres o cuatro veces y en exclusiva los costes del ajuste".

"No hay garantías", añadió, " de que el déficit público mejore con las medidas de marras, pero sí es seguro que éstas pueden ser fulminantes en otros aspectos del proceso económico, con serio impacto sobre l aumento del desemplo o sobre las posibilidades de convergencia macroeconómica con la Comunidad Europea".

A su vez, la central CSI-CSIF anunció que se opondrá a medidas que recorten el poder adquisitivo de los funcionarios y reclama "un consenso a nivel nacional del Gobierno con todas las fuerzas sociales".