Balfour Beatty y Network Rail, las dos empresas acusadas de negligencia en la conservación de las vías que causó el descarrilamiento de un tren que viajaba entre las estaciones de Leeds y King's Cross, en el que dos personas perdieron la vida y 102 resultaron heridas, han sido sancionadas con 14,5 y 5 millones de euros, respectivamente.

A pesar de que se trata de las dos sanciones más elevadas impuestas hasta ahora por los tribunales británicos a empresas individuales, los siete directivos acusados de homicidio involuntario han quedado libres de cargos.

Por ello, Brendan Barber, del Sindicato Británico del Transporte, considera que es necesario modificar la definición del delito de homicidio corporativo involuntario, diversificar las penas para el mismo y fijar nuevas obligaciones legales para los directivos responsables de la salud y seguridad de sus clientes y empleados.

Por su parte, las asociaciones de víctimas también han mostrado indignación ante la impunidad de los directivos y han expresado su intención de apoyar el endurecimiento de la legislación penal en casos de negligencia en la aplicación de las medidas de seguridad.