El manifiesto, que fue leído por el secretario general de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), José María Torre Cervigó, subraya que las radiotelevisiones públicas españolas, tanto la propia RTVE como las cadenas autonómicas y locales, "no cumplen plenamente los objetivos de servicio público y, en algunos casos, los incumplen sistemáticamente".

Según estas organizaciones, que se han agrupado en la Plataforma en Defensa de la Radiotelevisión Pública, estos medios "no están siendo coherentes con las leyes que regulan su funcionamiento ni con los principios básicos que definen sus programaciones" y "no se caracterizan po el pluralismo, la veracidad y la imparcialidad, ni mucho menos por su independencia del poder político".

"Los diferentes gobiernos" añade el manifiesto, "no han dado aún a la radiotelevisión pública la oportunidad de mostrarse como un servicio esencial para la comunidad. Por el contrario, han propiciado un modelo de gestión gubernamentalizado, progresivamente debilitado en sus recursos y sometido a una amenaza permanente de privatización".

En este sentido, los autores de este texto aseguran que os empresarios del sector privado han sido los principales beneficiarios de esas "políticas erráticas, que han deteriorado la imagen que la mayoría de los ciudadanos tienen de la radiotelevisión pública".

Por todas estas razones, los sindicatos y organizaciones integradas en esta plataforma exigen a los poderes públicos la apertura de un debate social en el que las asociaciones ciudadanas y de consumidores, los agentes sociales, los profesionales de la comunicación, las instituciones estatales, autonóicas y locales reflexionen y formulen sus propuestas en beneficio de unas radiotelevisiones públicas sólidas, ricas en recursos y de calidad.

En el manifiesto se pide también el compromiso político de una financiación estable y suficiente que permita a la radiotelevisión pública cumplir con las funciones de servicio público inherentes a una sociedad democrática.

Asimismo, se reclama la creación de una autoridad independiente, inspirada en los consejos superiores de lo audiovisual ya existentes enotros países, y el derecho de acceso y participación de los grupos sociales con especial atención a las minorías y muy en particular a los derechos de la infancia recogidos en la Convención Internacional de los derechos del Niño.

Esta plataforma recalca la necesidad de una radiotelevisión pública que refuerce su colaboración en los diferentes ámbitos, que respete el pluralismo y fomente la solidaridad y el intercambio cultural de los diversos pueblos de España y que se sitúe en la vanguardia de la conergencia tecnológica a fin de rentabilizar socialmente todo el capital acumulado en estos años.

El manifiesto considera que en estos momentos RTVE es "el principal símbolo del estado de abandono de la radiotelevisión pública en España" y denuncia "el permanente acoso de que es objeto por parte de los grupos privados", así como "el incumplimiento del Estatuto de la Radio y la Televisión que se ha venido produciendo desde el año 1983 y que ha ocasionado una acumulación de la deuda cercana al billón de psetas".

La plataforma exige la definición de un modelo que permita que RTVE tenga un potencial equivalente al que poseen las radiotelevisiones públicas de nuestro entorno y afirma que la autoridad legítima para determinar el perfil de la radiotelevisión pública es el Parlamento, que "debe concretar con urgencia, conjuntamente y no de forma separada, individual o partidista, contenidos básicos, organización y financiación, garantizando el funcionamiento independiente y autónomo respecto de gobiernos y artidos políticos".