No obstante, condicionaron la creación de esta a que tenga funciones de desarrollo industrial, con posibilidad de endeudarse, y que actúe en un marco de política regional.

UGT y CCOO volvieron a criticar que el Estado deje de subrogarse de la deuda histórica del INI, que serásu juicio un condicionante sobre las posibilidades de inversión y desarrollo de las empresas de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).

Los sindicatos dijeron que esta es una medida para reducir el déficit público, ya que permitirá al Estado reducir las aportaciones presupuestarias a las empresas de 153.000 millones de pesetas, pero afectarán a su déficit de caja.

También se mostraron preocupados porque puedan reducirse las aportaciones estatales a través de contratos-program y porque el Gobierno exija mayor capacidad de autofinanciación a las empresas, lo que podría significar a largo plazo su descapitalización.

A su vez, pidieron mayor participación de los trabajadores en las decisiones de las empresas públicas, para que aumente su transparencia, y ayude a generar "un buen clima laboral".