Según los sindicatos, el plan del Ministerio de Justicia consiste en cerrar 40 cárceles, casi el 50 por ciento de las existentes actualmente, sin que hasta el momento haya acometido la construcción de nuevos centros en número suficiente que pueda albergar a los reclusos procedentes de las cárceles que se clausuran.

Hasta la fecha se han cerrado ya tres cárceles: Alcalá I, la de Valencia, de mujeres, y la de Pontevedra. Según los sindicatos, el lan podría continuar con cárceles como las de León y Palencia.

Sin embargo, el Ministerio de Justicia sólo tiene en sus previsiones para los próximos años la apertura de nuevos centros en Jaén, Málaga y Navalcarnero (Madrid).

De los cerca de 13.000 funcionarios de prisiones que hay en la actualidad en España, en torno a 6.000 se ven afectados directamente por este plan de cierres que, según el secretario de Acción Sindical de CCOO, Carlos Rodríguez, sólo es una operación de imagen con la que "se retende vender a la opinión pública la idea de que se van a quitar las cárceles de los centros de las ciudades para sacarlas al extraradio".

"Sin embargo, detrás de esta pantalla se advierten intereses especulativos" (por la venta de los propios terrenos que ocupan ahora estas cárceles), indicó Carlos Rodríguez, para quien no se están teniendo en cuenta los dos factores más importantes en esta cuestión: los propios internos y los funcionarios de prisiones.

Debido a este plan, los sindicatos creenque el hacinamiento de los internos será cada vez mayor, así como la inseguridad de los funcionarios, ya que "ni se les informa ni se les consulta" sobre su traslado en cada caso de cierre.

En Madrid II, Tenerife, Herrera Cerrado y Daroca, entre otras cárceles, ya se están instalando literas en las celdas, cuando éstas son incluso reducidas para albergar a un solo interno, informaron los sindicatos.

Esta política de cierres sin una contrapartida que ofrezca nuevas plazas carcelarias para los 36.00 reclusos que existen actualmente en nuestro país podría llevar a las centrales a convocar una huelga de funcionarios.

Como pasos previos a esta medida, tanto UGT como CCOO tienen previsto realizar encierros en algunos centros e, incluso, iniciar una huelga de celo, "para terminar en la huelga legal", dijo Carlos Rodríguez, si la Administración no ofrece ninguna solución antes.