En los últimos días, la Audiencia Provincial de Málaga ha inicado la toma de declaración a ciento setenta y seis jornaleros, de la localidad de Yunquera, acusados de haber cobrado el subsido agrícola, sin haber trabajado las peonadas mínimas exigidas por la legislación.

En la actualidad, un jornalero debe trabajar un mínimo de sesenta peonadas para percibir del subsidio de desempleo durante nueve meses.

La mecanización de las tareas agrícolas, así como el descenso de la producción ha provocado, entre otras circunstancias, que los obreros del campo se vean oliados a defraudar para lograr unos ingresos mínimos.

Los alcaldes, en la mayoría de las ocasiones, han prestado su colaboración, en aras del beneficio social y por razones de índole humanitaria, firmando actas de trabajo que nunca se llegaron a realizar.

La proliferación en Andalucía de procesos penales contra jornaleros y alcaldes ha originado la protesta de los sindicatos, quienes apuestan por una remodelación del sistema para acabar con el fraude, mediante la dignificación del PER.

UGT cee que el número de peonadas debe ser variable, según las comarcas de Andalucía y Extremadura. En aquellas zonas con mayor producción agrícola, el mínimo debe ser superior a las sesenta peonadas, mientras que la relación sería directamente proporcional en las comarcas más deprimidas.

Comisiones Obreras, por su parte, apuesta por un sistema similar al que sustituyó el PER, en el que las peonadas sean trabajos municipales que reviertan en beneficio de la colectividad.

Ambos sindicatos consideran neesario también la adopción de medidas paralelas, tanto en el aspecto comercial, asociativo y empresarial de las explotaciones agrícolas, que generen puestos de trabajo.