Los sindicalistas entregaron a Ramón un documento suscrito por la Confederación Intersindical Galega (CIG), Euskal Sindikatua, la Intersindical Canaria (IC), la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) y la Confederación de STEs-Intersindical (STEs-i).

En ese texto se denuncia el reforzamiento del control político de las administraciones y la filosofía de "mano dura" con la que se pretende mejorar la productividad de los empleados públicos.

Pero lo más importante para estas organizaciones es la centralización de la negociación colectiva en los dos grandes sindicatos de implantación nacional, excluyendo de la negociación a todas aquellas organizaciones de ámbito territorial más reducido o de carácter sectorial, que en el caso de las adminitraciones públicas, suponen el 60 por ciento de la representación.

Denuncian, por tanto, que el texto defendido por el Gobierno sólo ha sido negociado con organizaciones que son el 40 por ciento de la representación sindical en el ámbito de la función pública.

Esquerra acogió positivamente las demandas de los sindicalistas porque coinciden con su visión descentralizada de la Administración. De hecho, ERC ha presentado enmienda a la totalidad de este proyecto del Gobierno, por entender que invade competencias propias de la Generalitat y contraviene lo establecido en el Estatuto de autonomía recientemente reformado.

Este y otros asuntos relativos a la democratización del sistema de representación y negociación también podrían acabar siendo defendidos por ERC, que se mantiene "abierta" a las sugerencias de las organizaciones sindicales territoriales.

Esta plataforma sindical ha solicitado reuniones a todos los grupos parlamentarios para trasladarles su punto de vista. Esquerra es el primero con el que se entrevistan, pero ya tienen encuentros concertados con IU y el BNG, y están a la espera de fecha para reunirse con CiU, PP y PSOE.