Los hechos se remontan al 28 de mayo de 1987, cuando unos 200 empleados del hospital se concentraron ante la puerta del centro para protestar por el establecimiento del tope salarial del 5 por ciento yla no aplicación de la Ley de Libertad Sindical en los establecimientos militares.

La dirección del hospital estableció un cordón de seguridad formado por soldados y miembros de la Policía Militar armados, para impedir el acceso de los trabajadores al vestíbulo principal del edificio, momento en que dos soldados fueron agredidos, según la versión de Defensa.

El ministerio fiscal pide por estos hechos una pena de 2 años, 4 meses y un día de prisión para José Luis Fernández e Isabel Navajas Gordill, miembros del comité de empresa, como autores de un delito de atentado contra la autoridad.

Según los sindicatos, la acusación es falsa y denuncian que los dos trabajadores fueron sometidos desde entonces a una auténtica persecución por su pertenencia a sindicatos no oficiales.

Así, recuerdan que sólo unos meses después de que el ministerio tuviera que sobreseer los dos expedientes disciplinarios abiertos por este motivo a los trabajadores, éstos fueron expedientados nuevamente por desobedienciaa un oficial durante una huelga de empleados del hospital militar, causa que también fue archivada.

Dos años más tarde José Luis Pérez Fernández fue uno de los 11 delegados suspendidos de empleo y sueldo por el ministerio, resolución que fue anulada por los Juzgados de lo Social.

"José Luis Pérez e Isabel Navajas son un ejemplo claro de la persecución, acoso y discriminación que, como sindicatos asamblearios, venimos sufriendo no sólo por parte de aquellos militares a los que les gustaría abrir cnsejos de guerra a todo trabajador que exija sus derechos, sino también a aquellos cargos políticos que consienten tales agresiones", indicaron fuentes de los sindicatos, que esperan que la inocencia de los procesados quede definitivamente demostrada.