Los sindicatos lo aceptan si se cumple el 2% de reserva legal -------------------------------------------------------------
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Varios colectivos de minusválidos han expresado su rechazo ala supresión del modelo especial de contrato para personas afectadas por alguna discapacidad, propuesta por la comisión de expertos del Ministerio de Trabajo, mientras que los sindicatos aceptan la medida siempre que las empresas cumplan la reserva legal del 2 por ciento que establece la LISMI.
En el "Informe sobre las modalidades de contratación en España" varios técnicos del ministerio recomiendan la desaparición de tres de las quince fórmulas contractuales hoy vigentes, entre las que se encuentra l de minusválidos, al considerar que este modelo fomenta la "discriminación positiva" de estos colectivos.
Por el contrario, para la Confederación Estatal de Minusválidos Físicos de España (COCEMFE), la eliminación es este contrato específico supone una precarización del mercado de trabajo de un colectivo que padece "un elevadísimo índice de paro y arrastra dificultades históricas de acceso al empleo".
En los últimos 5 años, unas 11.000 personas han sido contratadas a través del modelo que ahora s pretende eliminar, lo que supuso un gasto para el Ministerio de Trabajo de 7.800 millones de pesetas, según los datos aportados por la confederación.
COCEMFE entiende que el futuro pacto de competitividad no tiene por qué plantear la supresión de medidas de fomento de empleo para personas con minusvalía, dado que éstas "son correctas y adecuadas para la integración laboral y social".
En este mismo sentido se expresó un portavoz de la Fundación ONCE, organismo creado por la Organización Nacional e Ciegos en 1988 y cuyo principal objetivo es la integración laboral de las personas afectadas por minusvalías.
Según aseguró a Servimedia dicho portavoz, la medida supone un retroceso en la política social del Gobierno, dado que en este país no hemos alcanzado todavía ni el pleno empleo ni la integración social y laboral de los minusválidos.
RESERVA DEL 2 POR CIENTO
Por su parte, los sindicatos mayoritarios se muestran conformes con la supresión de la fórmula contractual para estos colectivos,como sugiere el ministerio, siempre que las empresas y la propia Administración cumplan con la normativa sobre normalización laboral vigente en la actualidad.
La Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) recoge en su artículo 38 la obligación de reservar un 2 por ciento de los puestos de trabajo para personas discapacitadas, tanto en las empresas públicas como privadas, siempre que empleen a más de 50 trabajadores.
Héctor Maravall, adjunto a la Secretaría de Política Institucional de COO, dijo a Servimedia que para las empresas es mucho más rentable hacer contratos específicos que cumplir con el 2 por ciento que marca la LISMI.
UGT, por su parte, aceptaría la supresión de estos modelos de contratación siempre y cuando el Gobierno estableciera una alternativa para los minusválidos que pretenden acceder a empresas de menos de 50 trabajadores, según dijo a esta agencia una portavoz de la Secretaría de Acción Social.
Ambas centrales denuncian la falta de control en el cumplimient de la LISMI y solicitan un mayor interés de la Inspección de Trabajo a la hora de visitar las empresas.
La portavoz de CCOO denunció por último la falta de sensibilidad de la Administración en este tema, "ya que sólo los ministerios de Asuntos Sociales y Trabajo cumplen con la reserva legal".
(SERVIMEDIA)
22 Feb 1991