La CEP pidió la dimisión de Caldera en rueda de prensa tras hacer balance de los "problemas de carácter policial" asociados al pasado proceso de regularización.

El secretario general de la CEP, Ignacio López, recordó que Caldera negó el pasado martes en el Congreso de los Diputados que el citado proceso haya provocado efecto llamada de inmigrantes, cuando, poco después, reconoció que en el primer trimestre de este año aumentó de forma considerable la devolución de personas interceptadas en fronteras.

López acusó al ministro de Trabajo de querer desligitimar pruebas de este "efecto llamada" como diferentes reportajes en medios de comunicación, así como declaraciones de cónsules extranjeros en Cataluña sobre el considerable aumento de sus ciudadanos en la frontera española con Francia desde agosto de 2004.

Además, el dirigente sindical lamentó que, "en un arranque de demagogia", Caldera haya manifestado que el efecto llamada es una "elucubración de un miembro de la CEP que se pasea por los medios de comunicación", en referencia al portavoz de Inmigración de esta organización, Rodrigo Gavilán.

Tras asegurar que el ministro de Trabajo no ha aportado dato alguno que desmienta el efecto llamada, López acusó a Caldera de querer "ningunear a este sindicato, deja entrever la comisión de delitos en nuestra actuación y menciona la pertenencia a determinada opción política".

MEDIO MILLÓN DE IRREGULARES

El secretario general de la CEP indicó que "es cierto que este proceso logra que aflore una parte importante de la economía sumergida, pero también es cierto que ha traído consigo un efecto llamada cercano al medio millón de personas que, obviamente, sustituyen a las otras en su condición de inmigrantes ilegales".

Por ello, López consideró que, "a corto plazo, como consecuencia inmediata, el Gobierno de turno deberá afrontar otro proceso de regularización, pues problema continúa al no adoptar una forma definitiva una doctrina permanente y consensuada de la política de inmigración".

Finalmente, el dirigente sindical comentó que actualmente las concidiones morales de los funcionarios de policía no son "optimas" para afrontar la expulsión de extranjeros, ya que el Gobierno ha "menospreciado su trabajo" al permitir que inmigrantes irregulares con expediente expulsión pudieran acogerse al proceso de regularización.

Por su parte, Rodrigo Gavilán destacó que de las más de 690.000 solicitudes de regularización, un 3% corresponden a inmigrantes con causas judiciales pendientes en España.