ANPU solicita al jue que dicte un auto de prisión contra Olivares y la imposición de una fianza de 15 millones de pesetas por las responsabilidades pecuniarias en las que pudiera haber incurrido.

El sindicato policial acusa a Olivares de haber permitido que la entidad privada Mutua de Previsión Social se sirva de empleados y medios materiales de la Dirección General de la Policía para el cobro de las cuotas mensuales que los agentes cotizan a un fondo social.

El ANPU subraya que esa mutua es una entidad privada que o tiene vinculación orgánica con el Ministerio de Interior, por lo que no puede usar medios públicos, y añade que esa práctica supone además una "clara discriminación con el resto de entidades de ámbito privado".