El sindicato policial considera a Olivares responsable de la reiterada utilización por parte de la entidad Mutua de Previsión Social de medios materiales y humanos de la división de gestión económica de la Dirección General de la Policía para el cobro de las cuotas mensuales que los agentes cotizan a un fondo social.

El APU señala que esa mutua es una entidad privada que no tiene ninguna vinculación con el Ministerio del Interior ni con la Dirección General de la Policía, por lo que no debe usar medios públicos de estos organismos.

El sindicato policial solicitará al juez que dicte auto de prisión contra Olivares y una fianza de 15 millones de pesetas por las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse, de acuerdo con las mismas fuentes.