Este borrador entregado a los sindictos -y al que tuvo acceso Servimedia- prevé crear un artículo 63 bis en el que se regularán que todas las unidades administrativas con nivel de subdirección general y jefatura de servicio serán objeto de valoración anual para apreciar "el nivel de rendimiento de las mismas".

En función de esta evaluación, centrada en la cantidad y calidad del trabajo desarrollado, así como en la capacidad organizativa de cada unidad, se establecerá una clasificación en cinco niveles de valoración -A, B, C, D y E-, quese corresponderá en cada caso con una puntuación específica que se tendrá en cuenta en los procedimientos de concurso para provisión de vacantes.

Lo que la CIGA considera de gravedad, después de una primera lectura del documento, es que según el proyecto de la Xunta "tal puntuación afectará a todo el personal destinado en la unidad administrativa objeto de la evaluación".

Según Adela Bustabad, portavoz de la CIGA, con mayoría en los servicios centrales de la Xunta en San Caetano, esa disposición odría incluso ser inconstitucional, dado que un jefe incompetente podría forzar una mala puntuación que perjudicaría a todos los funcionarios bajo su mando. "La puntuación obtenida puede no depender de la persona, pero la va a condicionar luego en los concursos", manifestó.

INCOMPETENCIA DE LOS POLITICOS

Los sindicatos consideran deseable que se busque más rentabilidad de las unidades administrativas, pero la CIGA estima que el sistema elegido incluye criterios muy difíciles de objetivar, e incluso uede forzarse que una unidad administrativa no rinda si desde la unidad superior no se le da trabajo. A su juicio, "lo que se busca es convertir a los funcionarios en chivos expiatorios de la incompetencia de los políticos", manifestó a Servimedia Adela Bustabad.

En el borrador de la reforma de la ley de la función pública de Galicia se explicitan derechos de los trabajadores que hasta ahora les asistían desde la legislación general o superior. Así, el borrador prevé que las funcionarias dispondrán dedieciseis semanas ininterrumpidas de permiso por parto, que serán 18 en partos múltiples, permiso que podrá tomar el padre en caso de fallecimiento de la madre.

Los sindicatos echan en falta que las licencias por parto no se extiendan, por el mismo tiempo, a casos de adopción de menores, una reivindicación que por el momento ha quedado desatendida. Así, el funcionario que adopte a un menor de nueve meses tendrá sólo un permiso de ocho semanas, que será de seis si el adoptado tiene una edad de más cinc meses y menos de cinco años.

En opinión de la CIGA, otras cuestiones polémicas de la reforma que viene son las referidas a las retribuciones del personal eventual, que dependerán de los consejeros en vez de ser competencia del Gobierno, y la situación de los interinos, que podrán perder su puesto aunque no sea ocupado por un funcionario, dado que puede ser suprimido de la relación de puestos de trabajo: "El gobierno podrá mantener a los interinos que quiera y eliminar a los que molesten", manifestó l portavoz de la CIG.