La Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, reunida hoy para analizar las propuestas de los ministros Solbes y Griñán, concluye así sus deliberaciones, por boca de Apolinar Rodríguez: "Nos encontramos ante la mayor trasferencia de dinero de los trabajadores a los empresarios de la democracia española, trasferencia que sólo puede evaluarse en billones de pesetas".

Los sindicatos denuncian este trasvase de fondos "de los que menos tienen a los que más", como e paquete de medidas económicas "más duro, drástico y antisocial que se ha presentado nunca en Europa".

El rechazo a las propuestas gubernamentales es tan frontal que entre los sindicatos crece la sospecha de que el Gobierno va a efectuar el recorte social con pacto o sin pacto, y que ha convocado negociaciones obligado por sus pasadas promesas electorales.

Otro miembro de la Ejecutiva Confederal, José María Zufiaur, declaraba a Servimedia que "sigo manteniendo la esperanza de que el deseo del Goberno de firmar un pacto social es serio...y que no estoy haciendo el ridículo".

Por su parte, Comisiones Obreras, en una línea similar, ha acordado con UGT que la respuesta sindical debe ser conjunta y en forma de alternativa. Tanto Nicolás Redondo como Antonio Gutiérrez consideran que no es posible entrar a discutir unas propuestas como las planteadas por el Gobierno.

ACTUACION SINDICAL CONJUNTA

Para ello han puesto a trabajar conjuntamente a sus dos equipos técnicos, con dos axiomas que consieran innegociables: ni pensionistas ni trabajadores pueden perder poder adquisitivo ni cabe una disminución de las prestaciones sociales.

La postura del Gobierno es que sin sacrificio salarial no es posible remontar la crisis. Además, para el Ministerio de Economía el gasto social no puede crecer por encima del seis por ciento, cuando en todo el periodo socialista lo ha hecho por encima del 10. Aún así, el paisaje económico que plantea para el próximo ejercicio conlleva pérdida de empleo.

Lo ciero es que quedan trece días para que la maquinaria de los Presupuestos Generales del Estado 1994 se ponga en marcha. El Gobierno ya ha advertido que el más importante instrumento de política económica, que enmarcará todo el año próximo no puede omitir las medidas necesarias para reducir el déficit público, al que considera el principal problema de la economía española.

Aunque siempre es posible introducir en el periodo de tramitación parlamentaria los acuerdos del Pacto Social, lo cierto es que el propo borrador constituye un condicionante para las negociaciones.

Mientras tanto, los empresarios mantienen silencio. Desde la cúpula empresarial se apoyan las propuestas gubernamentales para flexibilizar el mercado de trabajo, pero se solicita una menor carga de los gastos sociales de la empresa (en particular de las cuotas de la Seguridad Social), un mejor tratamiento fiscal, en particular para las pequeñas y medianas mepresas y una normativa que distinga entre beneficios reinvertidos y dividendos.

N UNA PROPUESTA CONTRA LOS EMPRESARIOS

Para los sindicatos, ni una sola de las propuestas gubernamentales perjudican a los empresarios, aunque estos prefieren referirse a las omisiones.

Aún con pacto, la visión del nuevo equipo económico gubernamental es bastante pesimista. Se acepta que en 1994 también se va a perder empleo, aunque se asegura que si no se toman las medidas que propone la sangría será mayor.

Especial incidencia se hace en la flexibilización del mercado de trabajo, donde se prpone suprimir el cobro del seguro de paro al trabajador que no acepte un traslado geográfico, y en la reducción del coste del INEM, que no ha dejado de aumentar (porque cada vez son más los parados) a pesar del recorte realizado el pasado año por Carlos Solchaga.