Según declaró Barri a Servimedia, al inicio de cada curso escolar la Generalitat de Cataluña hace rellenar a los profesores que imparten clase en esta comunidad autónoma un documento en el que, entre otros puntos, deben dejar constancia de la lengua que van a utilizar en sus clases.

En opinión del responsable de ANPE, la Generalitat ha de servirse de este documento y de la inspección educativa para vigilar la labor del profesorado, ya que "no es función de los alumnos ejercer este control".

Para Barri, esta política pone en duda la credibilidad del profesorado, que ya ha especificado al inicio del curso, por medio de un documento oficial, la lengua en la que impartirá su clase. A su juicio, el derecho de los alumnos a recibir la clase en catalán no debe servir para que la figura del profesor sea "vilipendiada".