El estudio cuestiona, desde un punto de vista jurídico, la contratación de empresas de mensajeros, la publicación de los nmbres de los infractores en el boletín oficial de la provincia y las llamadas telefónicas realizadas por el Ayuntamiento a los afectados para requerirles el pago de las multas.

Rahola añade en el informe la necesidad de mejorar la red del transporte público y la creación de nuevos aparcamientos para evitar el elevado número de infracciones de tráfico que se cometen actualmente.

Según el "Síndic de greuges", "desde el punto de vista del ciudadano considero que el Ayuntamiento de Barcelona no tieneuna estructura de transportes públicos y de parkings suficientemente preparada para poder aceptar que los conductores renuncien a su automóvil".

Las deficiencias del transporte público obligan, en opinión de Frederic Rahola, a que "los ciudadanos, muchas veces, tienen que dejar el coche donde pueden, sobre todo debido a la cuestión de la falta de plazas para aparcar".

El Defensor del Pueblo catalán, por otra parte, valoró de forma positiva, según las conclusiones de su estudio, la propuesta realiada por el concejal de Vía Pública del municipio catalán, Joan Torres, sobre la posibilidad de ofrecer un descuento de un 50 por ciento del valor total de una multa si ésta se paga antes de 24 horas.