Según indica Simyo en un comunicado, la política de bloqueo de terminales y los contratos de permanencia podrían contravenir la normativa de protección de consumidores y usuarios, así como las normas reguladoras de la competencia.

Por ello, ha decidido lanzar una "ambiciosa ofensiva" para conseguir un marco regulatorio que defienda al usuario de telefonía móvil de la situación creada como consecuencia de "la posición de dominio de los operadores mayoritarios y la tardía entrada en el mercado de nuevos competidores".

De hecho, Simyo considera que "los operadores tradicionales han creado una situación en la que los usuarios se ven atados a contratos de permanencia exageradamente largos y se encuentran con problemas a la hora de liberar sus terminales y/o cambiar de operador".