Señaló que son dos normas "imprescindibles para invertir la tendencia actual del Gobierno de Aguirre de deterioro progresivo y abandono del sistema educativo público".

Explicó que la situación de la educación es "tan grave que no vamos a esperar a gobernar y vamos a presentar el próximo mes de enero una Proposición de Ley en la Asamblea para aprobar la Ley de Calidad en la Educación".

Simancas, que hizo estas declaraciones en la inauguración de una jornada organizada por el PSM y enfocada hacia la mejora de la educación y la universidad madrileñas, ámbitos en los que "hay un problema y aspiramos a gobernarlos para poder mejorarlos",aseguró que su único objetivo es "hacer de la educación madrileña la mejor de la Unión Europea"

Simancas destacó la necesidad de "introducir cambios normativos y aprobar leyes nuevas para garantizar el buen funcionamiento del sistema de educación público y alcanzar los niveles de calidad y equidad necesarios para un futuro desarrollo fuerte y basado en la justicia social (...) para que esta región ejerza el liderazgo económico que le corresponde".

Explicó que esos son los fines que pretende su propuesta de aprobar una Ley de Calidad en la Educación, en el marco de la LOE, que proporcione "una garantía para la financiación del sistema de educación público" entre 2008 y 2011.

Señaló que "la falta de recursos y de medios es la principal causa del deterioro y de los problemas en el ámbito educativo madrileño", dijo que la Consejería de Educación es, por ejemplo, una de las que menos crece en 2007, con sólo el 6,6%, frente al 9,6% de incremento global, y añadió que esta norma tendría como primer objetivo garantizar la duplicación de la inversión actual y proporcionar 3.000 millones de euros extra para Educación en cinco años.

El líder del PSM indicó que con esta cantidad se podrían solucionar algunas de las "necesidades más acuciantes que el Gobierno regional ignora sistemáticamente, como por ejemplo la construcción de nuevas infraestructuras educativas, especialmente en las zonas de expansión urbanísticas".

Asimismo, también serviría para "dignificar los centros educativos que sufren un grave deterioro por abandono y eliminar los 90 barracones todavía existente por ley, ya que carecen de las condiciones mínimas para impartir clase con el mínimo requisito de calidad".

Con este dinero, añadió Simancas, también se podrían aumentar los medios materiales y humanos necesarios, terminar con el actual déficit de 25.000 plazas de Educación Infantil, eliminar el problema de la elevada ratio de alumnos por aula -que en la actualidad supera el límite legal- y acometer políticas de extensión del bilingüismo a todos los centros educativos y de gratuidad de los libros de texto, "en vez de la medida alternativa de Aguirre del cheque escolar que sólo cubre el 55% de los gastos en material escolar en Primaria y el 45% en Secundaria".

Insistió en que apostando por la calidad de la enseñanza pública en colaboración con la red concertada, se podría abordar también la solución a otros "graves problemas que azotan al sistema educativo público, como es la elevada tasa de fracaso escolar del 25% o la concentración antipedagógica de alumnos con necesidades educativas especiales.

Estos centros, dijo, se conviertes en verdaderos guetos de alumnos con problemas para integrarse, especialmente estudiantes inmigrantes, a "los que hay que garantizar su integración".

En cuanto a la escuela concertada, Simancas criticó los centros "de ideología ultra que separan a niños y niñas" y que se ven "beneficiados con fondos públicos por el Gobierno de Aguirre".