Simancas, que hizo este anuncio tras reunirse con el Consejo Regional de Mayores de la Comunidad de Madrid, exigió al Gobierno presidido por Esperanza Aguirre una mayor atención a los más de 800.000 mayores que viven en la región.

Indicó que el 7% de los mayores madrileños vive por debajo del umbral de la pobreza, el 60% recibe pensiones que no superan los 500 euros mensuales y cerca de 200.000 requieren cuidados ajenos por su situación de dependencia.

Asimismo, llamó la atención sobre el centenar de mayores que mueren solos en sus domicilios cada año y dijo que los sistemas públicos de protección a las personas mayores de 65 años no atienden sus necesidades suficientemente.

PENSIONES

Simancas, quien exigió a Aguirre que complemente con fondos regionales las pensiones más bajas, denunció que los índices de atención a estas personas están muy por debajo de la media europea.

Se refirió en concreto a la atención domiciliaria y a la teleasistencia y dijo que, en el primer caso, la media de personas que la reciben en la UE supera el 8% y en la región madrileña no llega al 4%, mientras en el segundo caso los porcentajes son semejantes.

Por último, indicó que el Gobierno regional dejó de gastar, desde 1999, un total 179 millones de euros que estaban presupuestados en el área de mayores, 23 de ellos en el ejercicio de 2003, y comentó que con ese dinero se podrían haber construido 23 residencias.

Simancas ofreció la rueda de prensa en compañía de Luis Fernández y María García, representantes de UGT y CCOO, respectivamente, en el Consejo de Mayores.

El miembro de la Federación de Pensionistas y Jubilados de UGT criticó el escaso funcionamiento del Consejo de Mayores, que está "secuestrado" por el Gobierno autonómico, dijo, y en los últimos 18 meses apenas se ha reunido.

Pidió además la creación de la figura del Defensor del Mayor de la Comunidad de Madrid y denunció el maltrato que sufren estas personas, la indefensión que padecen al no estar atendidas sus reivindicaciones en ninguna ley y las bajas pensiones que reciben.

María García hizo especial hincapié en el abuso de algunas residencia privadas que ofrecen a los mayores de 75 años atención gratuita y una ayuda de 75.000 pesetas mensuales a cambio de quedarse con su vivienda, que en algunos casos tiene un precio superior a los 30 millones de las antiguas pesetas.