En una rueda de prensa para presentar las conclusiones de una comisión de investigación realizada por el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid sobre este caso, Simancas dijo que las responsabilidades políticas son "ineludibles" y que Aguirre debe dimitir por "obstaculizar" la investigación en este asunto.

Tras indicar que está convencido de que no se producirán dimisiones, agregó que serán los ciudadanos los que en los comicios de mayo de 2007 harán pagar al PP por "poner en riesgo la seguridad" de los usuarios de esta línea metropolitana.

Citó, entre otros responsables, al director general de Carreteras de la Comunidad de Madrid, al director general de Infraestructuras del Gobierno regional cuando se construyó esta línea, Manuel Melis (en la actualidad responsable de infraestructuras en el Ayuntamiento de la capital), y al presidente de la Comunidad de Madrid en esa etapa, Alberto Ruiz-Gallardón,

Respecto a la comisión de investigación interna sobre esta línea de metro, que se construyó en 1999, dijo que la fórmula elegida de concesión privada supuso "un incremento de la inseguridad y del riesgo" y "no ha aportado más eficacia".

Explicó que tuvo un coste "muy superior" para las arcas regionales que si se hubiera realizado con el sistema tradicional, a través de la financiación pública, y aseguró que la empresa concesionaria obtuvo "excelentes beneficios".

Además, dijo Simancas, los usuarios de este servicio pagan más que los que usan otras líneas de Metro, pese a que cierra sus instalaciones antes que el resto.

Tras denunciar que la Administración regional ha facilitado sólo el 10% de la información sobre este asunto solicitada por el PSM, dijo que Ruiz-Gallardón recurrió a las "prisas electoralistas" para inaugurar este tramo, que no se llevó a cabo "con la seguridad necesaria".