Simancas espetó a Aguirre que "usted y Lamela han dañado gravemente los cimientos de la sanidad pública y quebrado la confianza en la relación entre pacientes y médicos", y añadió que "muchos ciudadanos acuden a sus médicos, ahora, con temor, desconfianza e inquietud por su culpa".

Exigió a Aguirre que pida perdón a los profesionales de la sanidad pública, "a los que han acusado de ser autores de 400 supuestos homicidios; a las familias de las personas fallecidas -en ese hospital-, a las que han inducido a pensar que quizá las muertes de sus seres queridos fueron provocadas poco menos que por asesinos en serie, y a todos los madrileños, por habersembrado la alarma a partir de mentiras".

"Sólo les gusta mandar mucho pero sin responder de sus actos", dijo Simancas, que reiteró su petición de cese de Lamela, "que ha arrastrado por el lodo el crédito de la sanidad y a sus profesionales". "El problema de la sanidad publica es usted ysu gobierno", remachó el portavoz socialista a la presidenta.

El portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Fernando Marín, acusó al Gobierno regional de actuar desde la "irresponsabilidad e incompetencia" y de generar "alarma social" entre los madrileños.

Pidió a Aguirre que "asuma su responsabilidad por la lamentable gestión de Lamela", al que acusó de "dañar la imagen y honorabilidad de profesionales sanitarios y de generar desconfianza en la sanidad pública".

Exigió a la presidenta que cese "por salud pública" a Lamela y le preguntó si tiene intención de privatizar el servicio de cuidados paliativos.

Aguirre calificó de "necesarias y oportunas" las decisiones de Sanidad, que actuó desde la "cautela y el más absoluto respeto y apoyo a los profesionales sanitarios, garantizando siempre la presunción de inocencia".

Pidió a Simancas y Marín que no politicen este asunto y explicó que Sanidad inició, al conocer la denuncia, una investigación, luego trasladó los datos a la Fiscalía y, por último, separó "temporalmente" al responsable de Urgencias del Severo Ochoa.

Aguirre reclamó responsabilidad a la oposición a la hora de abordar este "tema tan profundo y doloroso", que "no politicen un asunto tan delicado y contribuyan a reforzar la confianza en los excelentes profesionales sanitarios".

La presidenta agregó que la investigación la tienen que hacer los profesionales médicos y, en su caso, el fiscal, y no los políticos, y destacó que las actuaciones de Sanidad son las que "lógica, ética y jurídicamente se tenían que realizar para garantizar la máxima seguridad en la prestación de la asistencia sanitaria".