El PSOE exige la anulación de este proceso y la celebración de un nuevo concurso, y en caso de que el Ejecutivo autonómico no rectifique, pedirá la dimisión de González.

El portavoz socialista, Rafael Simancas, explicó que el proceso de adjudicaciones desarrollado por el Gobierno Aguirre se ha realizado "con opacidad y oscurantismo, o lo que es lo mismo, sin diálogo previo con el sector audiovisual ni con los municipios de la región, a pesar de que son licencias locales".

Tras indicar que ni su grupo ni las televisiones afectadas han recibido todavía los criterios de adjudicación ni las copias de los expedientes, afirmó que este proceso se realizó vulnerando la ley, puesto que no se solicitó el informe preceptivo al Consejo Audiovisual de Madrid, se ha ampliado el plazo de la concesión de cinco a diez años sin haber modificado el pliego de prescripciones técnicas particulares del concurso, se han adjudicado canales en todas las demarcaciones a la misma empresa, e incluso se han otorgado dos licencias en una misma demarcación a un mismo grupo empresarial.

ATROPELLO DEMOCRATICO

"También se ha vulnerado el sistema democrático, ya que el Gobierno regional se ha asegurado que el árbitro juega a su favor. Se han vulnerado las reglas porque el Gobierno regional se ha asegurado el respaldo de los medios de comunicación audiovisual locales", manifestó el dirigente socialista.

Simancas afirmó que el Gobierno presidido por Esperanza Aguirre "ha decidido clausurar todas las televisiones locales que no se someten a las expectativas electorales del PP en Madrid, y lo pone en práctica a través de un concurso sectario e ilegal, que supone además un atropello en términos democráticos y contra los derechos de los ciudadanos a recibir una información plural y veraz".

A su juicio, estas televisiones cumplen "un servicio muy valorado por los ciudadanos y dan empleo de calidad, que se puede poner en riesgo por el proceso iniciado por el Gobierno regional".