Simancas, que hizo estas declaraciones tras la inauguración de una jornadas sobre "Salud y municipios" en Las Rozas, acusó a la presidenta regional y a su consejero de Sanidad de querer "convertir en un negocio abierto a las empresas privadas" los 5.000 millones de euros del presupuesto sanitario de la región, "aun a costa del deterioro de los cimientos del servicio público sanitario del que depende la salud de los que pueden y los que no pueden pagarse un seguro privado".

Señaló que Aguirre, al negarse a cesar a su consejero de Sanidad, Manuel Lamela, "ha asumido la responsabilidad de esta crisis y sus consecuencias en primera persona".

"Si hasta ayer responsabilizábamos fundamentalmente al consejero Lamela de la crisis que se ha generado en la sanidad pública madrileña, hoy la responsabilidad se extiende a la presidenta regional", añadió.

Explicó que la comparecencia de Lamela, ayer en la Asamblea, "sólo aportó decepción y alguna certeza: los hechos se mantuvieron incólumes, es decir, el gobierno regional ha quebrado la confianza de los ciudadanos en la sanidad pública y ha deteriorado el buen nombre de los profesionales sanitarios en función de unas denuncias anónimas sin comprobar".

"Ningún informe, ninguna actividad investigadora, ninguna explicación del consejero han logrado probar a día de hoy mala praxis en la actuación de los médicos del Severo Ochoa. Tan sólo se les ha podido acusar de rellenar mal unos papeles", dijo Simancas.

Acusó al Partido Popular de haber querido convertir la crisis del Severo Ochoa en un "conflicto entre partidos, cuando en realidad es un conflicto entre el Gobierno de Madrid y los profesionales de la sanidad pública junto con los ciudadanos, que necesitan confiar en la calidad del sistema asistencial".

Simancas denunció la "insuficiencia" de la sanidad pública madrileña y dijo que tiene tres causas: "la negociación transferencial que hizo el gobierno del PP, basándose en el gasto sanitario por habitante más bajo de todo el estado; el crecimiento constante de la población a la que debe atender el sistema público -que crece entre 100.000 y 150.000 personas al año desde 1999-, y, finalmente, el presupuesto sanitario que reserva el gobierno autonómico".

Planteó la necesidad de mejorar la financiación sanitaria a través del incremento del presupuesto sanitario al menos el mismo porcentaje que lo haga el presupuesto general. Además, reclamó la suficiente dotación del fondo de cohesión sanitaria y la creación de un fondo de población para financiar los incrementos de población.