En un comunicado, la entidad que preside Teddy Bautista acusó al Gobierno de dar "un giro radical en su política cultural" y de convertir la Ley de Propiedad Intelectual "en una auténtica contrarreforma que nos aleja, aún más, del modelo de los países más avanzados".

La SGAE opina que, lejos de proteger los intereses de los autores y artistas y de mejorar técnicamente, el actual texto "desarmoniza" los derechos y fomentará los conflictos entre los autores y los usuarios del nuestro repertorio.

A su juicio, el texto salido de la Cámara Baja discrimina en su artículo 90.4 a los autores audiovisuales, al eliminar la remuneración que perciben por la explotación de sus obras y establecerla para otra categoría de titulares de derechos.

También cree que el artículo 31.2 "consolida la arbitrariedad" a la hora de fijar la remuneración por copia privada, que se establecería a partir de un "ejemplar adquirido legalmente para su uso privado", según reza textualmente.

"Esta decisión nos parece gravísima, pues atenta directamente contra nuestros salarios, en un momento de especial dificultad por el incremento de la piratería", indica.

La SGAE también se queja de que la disposición adicional segunda deja a la fijación arbitraria de las tarifas por el uso que terceros hagan de sus obras "cuando los explotadores se nieguen a pagar la remuneración que establezcamos".

La SGAE reprocha al Ministerio de Cultura que "ha sido incapaz de defender los intereses de los autores y artistas frente al Ministerio de Industria" y atribuye a ambos departamento "la responsabilidad de expulsar a los autores y artistas de una Ley que era, hasta ahora, la que defendía sus derechos".