Sevilla hizo estas declaraciones durante la sesión de control al Gobierno en respuesta a una batería de preguntas de cuatro diputados del Partido Popular sobre las reformas estatutarias emprendidas por el Gobierno, especialmente la catalana y la andaluza.

El titular de Administraciones Públicas manifestó que la Constitución "no ha quedado alterada" aunque el estatuto catalán defina a esta comunidad como una "nación" y el borrador que se debate en el Parlamento de Andalucía haga referencia a esta región como una "realidad nacional".

Sevilla recordó que el debate que ahora trata de abrir el principal partido de la oposición es el mismo que planteó en 1978 Alianza Popular con su rechazo a que algunas comunidades fueran reconocidas como nacionalidades históricas.

Destacó que, cuando Manuel Fraga vaticinaba entonces la "destrucción pura y simple del Estado", el presidente fundador del PP "no tenía razón" como "tampoco la tiene ahora" el partido que él mismo creo.

Sevilla declaró que el problema en todo este asunto no es el empleo de los términos "nación" o "realidad nacional" sino que son los diputados del Partido Popular "y la versión carca del país que siguen queriendo".

BATERÍA DE CRITICAS CONTRA SEVILLA

Durante el turno de preguntas, el diputado del PP Jorge Fernández Díaz denunció que en dos años de gobierno socialista "han nacido dos nuevas realidades nacionales" en España y lamentó que tanto en Cataluña como en Andalucía haya salido adelante con el respaldo de la formación que lidera Rodríguez Zapatero.

Por su parte, la diputada Dolors Nadal sostuvo que el nuevo estatuto catalán anula en su comunidad las competencias del Defensor del Pueblo como consecuencia del "proceso de construcción nacional" en el que el PSOE se ha metido para poner en marcha una "imaginaria nación catalana".

La diputada vallisoletana Ana Torme destacó que el nuevo estatuto catalán supone una "vulneración de derechos y libertades" de los funcionarios porque les obliga a conocer el catalán para trabajar en la Generalitat, lo que implica un "peaje" si se quiere ser empleado de la administración.

Torme pidió al ministro de Administraciones Públicas que defienda en este caso los derechos de los funcionarios, si bien puso en duda que pueda hacerlo porque, pese al cargo que ocupa, ha sido "claramente marginado" en la negociación del estatuto catalán.

Por último, el parlamentario andaluz Rafael Merino acusó al Ejecutivo de "dar protección política al independentismo catalán y al independentismo vasco" con la aprobación de reformas estatutarias en las que se definen a las comunidades autónomas como naciones o realidades nacionales.

Merino criticó al PSOE de ser "más nacionalista e independentista que los propios nacionalistas e independentistas catalanes" e instó a ministro a dejarse de "monsergas" y generar empleo en Andalucía en lugar de "generar un problema donde no existe".