Se acabó el que estos empleados crean haber obtenido "un puesto para toda la vida, se desempeñe como se desempeñe", sentenció el ministro.

Sevilla defendió ante la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso que era "inaplazable" aprobar, como mandata la Constitución, un Estatuto Básico del Empleado Público, que hoy explicó en la Cámara Baja, y emplazó al PP a que se sume a negociar este texto.

"Hago un llamamiento al PP a que reconsidere, más que su oposición, su negación frontal del presente Estatuto, y para que recuperemos los cauces de diálogo que nos permitan llegar a un acuerdo, o al menos intentarlo", aseveró Sevilla.

El ministro glosó las grandes semejanzas que encuentra entre el texto propuesto y el que elaboró el PP en 1999, que finalmente no llegó a ser aprobado.

"Estoy convencido de que, cuando el presente Estatuto llegue a la Cámara, todos estaremos a la altura que nos exige nuestro deber y lograremos un proyecto de futuro para nuestra administración pública", agregó.

Según Sevilla, la principal novedad del texto radica en que los empleados deberán responder de su trabajo y, si no son eficientes, podrán ser cesados de su puesto. "Pasan a tener una gran importancia los métodos objetivos que permitan evaluar periódicamente el desempeño de la actividad profesional", sostuvo.

El anteproyecto "supone, ante todo, la introducción de una importante novedad, que consiste en hacer que los empleados públicos respondan continuamente de los resultados de su actuación, para lo que se establece la evaluación objetiva del desempleo como elemento clave y mecanismo de modernización".

"La continuidad en los puestos", agregó Sevilla, "dependerá de lo que se haga en éstos, desapareciendo así la presunción de estar obteniendo 'un puesto para toda la vida', se desempeñe como se desempeñe".

El Gobierno, explicó el ministro, busca reformar la Administración bajo tres principios: "mejora de la organización, mejora de la relación con los ciudadanos y mejora de la función pública".

PUNTOS CLAVE

Otras cuestiones básicas del anteproyecto de Estatuto Básico del Empleado Público son la clasificación del personal en funcionario, laboral y eventual, regulándose, asimismo, la figura del personal directivo, lo que va a ser "crucial" para modernizar la Administración.

En materia de sueldos, habrá unas retribuciones básicas que serán "iguales" para todas las administraciones (central, autonómica y local), mientras que las complementarias "serán fijadas por cada administración".

En 1999 se propuso, recordó el ministro, que las retribuciones fueran similares en toda España, "algo que la realidad, incluidas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, desmiente claramente, existiendo diferencias muy significativas entre las retribuciones a los empleados públicos de las comunidades".

El Gobierno también persigue "aumentar la calidad del empleo público, mediante la reducción de la temporalidad en las administraciones públicas", culpable del aumento de la precariedad laboral en los últimos años, principalmente como consecuencia de las contrataciones en las administraciones territoriales.

RSC

El buen gobierno también llega a la función pública y habrá un Código de Conducta aplicable a todos los empleados públicos, "comparable" al que se ha establecido para los altos cargos del Gobierno.

Queda regulado, asimismo, el sistema de acceso y selección de los empleados públicos, en función de los principios constitucionales de "igualdad, mérito y capacidad", pero también considerando los de "publicidad, imparcialidad, profesionalidad o agilidad, sin merma de la objetividad".

El Gobierno también establecerá el derecho a la negociación colectiva, el de representación y el de participación por parte del personal funcionario, una de las medidas más reclamadas por las organizaciones sindicales. Se creará una Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.

Además, el anteproyecto, añadió Sevilla, incluye cuestiones como el impulso a la igualdad de género o la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Habrá, además, paridad en la composición de los órganos de selección y en la provisión de puestos de trabajo, y "tolerancia cero" con cualquier tipo de discriminación.

El titular de Administraciones Públicas destacó la negociación mantenida sobre su propuesta con las comunidades autónomas, los agentes sociales, los ayuntamientos (a través de la FEMP) y otros colectivos representativos del sector público.