Hasta el momento son 70 las personas detenidas, habiéndose practicado 56 registros en 13 provincias españolas, según informó hoy el Ministerio del Interior.

En la operación, denominada "Mamut", han participado agentes de la Comisaría General de Policía Judicial de la Dirección General de la Policía y de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, con la colaboración de la Secretaría de Estado para el Deporte.

En total han sido desmantelados seis laboratorios en Cataluña, de los que dos figuraban como legales, aunque desviaban una gran parte de su producción al mercado ilegal. El resto operaba de forma clandestina, contando con maquinaria suficiente para producir en algunos casos más de 10.000 dosis de productos medicamentosos cada hora y media.

Las sustancias fabricadas eran presentadas en múltiples formatos, como viales, ampollas inyectables y comprimidos, y eran remitidas a locales encubiertos que actuaban como núcleos de manipulación, donde eran empaquetadas, etiquetadas y envasadas para su posterior envío a centros finales de distribución y venta.

Las sustancias descubiertas eran falsificaciones de muy alta calidad, por lo que era extremadamente difícil su diferenciación de las genuinas, expendidas oficialmente en centros autorizados.

DISTRIBUCION

Los productos anabolizantes eran distribuidos clandestinamente por toda España en gimnasios, clínicas deportivas y directamente a deportistas, con el consiguiente riesgo para la salud, ya que carecían de los controles sanitarios pertinentes y en muchos casos su destino final debería haber sido el uso veterinario.

La venta al consumidor final se realizaba en los propios gimnasios, a través de Internet o en una franquicia de productos dietéticos, de la cual tenían tiendas abiertas al público alguno de los detenidos.

Las intervenciones policiales se han llevado a cabo en 13 provincias: Alava, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Gerona, Las Palmas, Madrid, Baleares, Cantabria, Santa Cruz de Tenerife y Valencia.

Los laboratorios clandestinos desarticulados estaban ubicados en un chalé, una casa de campo, una nave industrial y un local comercial.

En un cálculo aproximado, las Fuerzas de Seguridad estiman que las dosis intervenidas superan con amplitud los 30 millones de unidades, que iban a ser distribuidas de forma inmediata por España y diversos países de la UE. Además, se han intervenido vehículos de lujo, furgonetas y más de 200.000 euros en efectivo.

En la operación se ha contado con la colaboración de la Agencia Española del Medicamento, dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo, así como con la ayuda de las diferentes consejerías de Salud de las comunidades autónomas afectadas. Las actuaciones han sido dirigidas por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.