Después de un mes y seis días de vista oral, el proceso judicial contra los dosfuncionarios terminó en la Audiencia Nacional con los informes de su letrado defensor, Gonzalo Casado, y del abogado del Estado, Rafel Orbe, que pidieron la absolución para sus representados.

Casado, que basó su argumentación en la ausencia de pruebas pesentadas en el juicio oral, pidió la nulidad de las comisiones rogatorias efectuadas en el extranjero durante el proceso sumarial, por incumplir con la normativa legal vigente no sólo en España, sino también en Portugal y Francia; países en los que serealizaron.

La defensa repitió que esas diligencias se produjeron sin la presencia de los letrados de la defensa de los procesados y de los mercenarios, para él coinculpados y no testigos, como les calificó el ministerio fiscal.

Gonzalo Casado argumentó además que las ruedas de reconocimiento e identificaciones fotográficas se realizaron sin garantías, "sobre rostros marcadamente diferentes" y cuando ya se habían publicado numerosos retratos de Amedo, el único que fue vagamente reconocido, en lo medios de comunicación.

Casado recordó también el estado de crispación que hubo entre su antecesor y el juez instructor, que crearon numerosas situaciones de tensión y conflictividad, que se solventaron cuando pasó él a ocuparse de la defensa de los procesados.

El letrado repasó los indicios que acusan a sus defendidos y refutó todos los argumentos presentados por las acusaciones que, a sus juicio, se vieron obligados a recurrir a los ánalisis políticos técnicos en sus informes "pasando por altolo acontecido en presencia de este tribunal".

Para Casado, los documentos que prueban la estancia de los procesados en hoteles en las mismas fechas que diversos mercenarios de los GAL, carecían de valor al no haber sido cotejadas, se habló de utilización de identidades falsas sin que hubiera constancia de la existencia de los documentos y el sumario que posteriormente se abrió para investigar el asesinato de García Goena estaba plagado de contradicciones.

Además, el abogado rechazó el informe pertal según el cual la firma del falso DNI intervenido a Figueiredo Fontes se correspondía con la ecsritura del subcomisario, porque lo realizaron sin la utilización de los últimos avances tecnológicos, y consideró el resto de los delitos imputados a los procesados como no probados.

La defensa, que inició su informe con referencias al fenómeno de politización que ha rodeado al juicio y al proceso paralelo llevado a cabo por los medios de comunicación, elogió al ministerio fiscal por haber actuado "con vlor, rigor, honestidad y escrúpulo coherente con lo que marca la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Constitución".

Por ello, declaró que sus peticiones le parecieron "elocuentes", pero matizó que entendía que el comportamiento de los procesados "es penalmente irreprochable".

Estimó que sus defendidos habían sufrido ya 3 años de cárcel, calumnias e imputaciones de privilegios "como si el régimen penitencial fuera un relax para ellos", y les definió como "dos servidores de la sociedad que se han ugado la vida por el estatuto democrático".

Consideró también que el secreto del sumario fue vulnerado y divulgado a través de la acusación popular, lo que favoreció el proceso paralelo en los medios de comunicación que tuvo el culmen en el libro "Amedo, el Estado conta ETA", para él, "la sentencia anticipada de este porceso".

Por otra parte, el abogado del Estado, reiteró su petición de absolución del Estado como responsable civil subsidiario de los atentados a los bares "Batxoki" y "Consolation, así como el perpetrado contra Juan Carlos García Goena, porque "aún en el supuesto de que los porcesados los cometieran, nunca lo hicieron en su condición de funcionarios públicos, ni cumpliendo órdenes de sus superiores".

ARGUMENTACION REPETIDA

Por último, José Amedo hizo una declaración en la que repetía la argumentación del montaje realizado contra él por su ex amante, Inmaculada Gómez, en colaboración con el abogado Txema Montero, miembro de HB, mientras que Michel Domínguez aprovechó la interención para sumarse a las alegaciones de su abogado.

Queda ahora por esperar la sentencia que, según todas las previsiones, no se publicará hasta la primera quincena de septiembre.

El tribunal anunció antes de concluir la vista que el plazo máximo previsto para dictar sentencia, fijado en torno a los 20 días, se aumentará por la larga duración del porceso que comenzó el pasado 11 de junio.