LAS SESIONES DE CONTROL AL GOBIERNO DIVIDEN A PP Y PSOE EN LOS TRABAJOS DE RFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO
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La configuración de las sesiones de control al Gobierno, y en concreto el turno de preguntas al presidente del Ejecutivo, es el principal escollo que tendrán que superar populares y socialistas para alcanzar un acuerdo sobre la reforma del Reglamento del Congreso.
Durante los últimos meses, los grupos parlamentarios han avanzado notablemente en puntos relativos a la visión general del proceso legislativo y al enfoque de la nueva dináica parlamentaria, pero todavía existen diferencias sobre las comparecencias del jefe del Ejecutivo para contestar a las preguntas en el pleno de los miércoles.
Así, el Grupo Socialista defiende que exista un turno específico de preguntas al presidente, con un número limitado por parte de cada grupo, y que el presidente conteste a todas ellas.
Sin embargo, esta propuesta, que es avalada también por Izquierda Unida y por los grupos nacionalistas, no cuenta con el visto bueno del PP, que en principo es partidario de que el presidente pueda escoger las preguntas a las que dar réplica.
RESISTENCIA
Fuentes socialistas explicaron a Servimedia que han encontrado una "inicial resistencia" del PP, pero que confían en que finalmente se sumen a la tesis del resto de los grupos para que haya un acuerdo sobre cómo regula el reglamento las sesiones de control.
Otros puntos del reglamento sobre los que todavía no existe acuerdo son las relativas a las interpelaciones al presidente del Gobierno, capítlo en el que el PSOE reclama haya un tope máximo por periodo de sesiones y que cada grupo pueda presentar una al mes.
La regulación de la Oficina Presupuestaria y los requisitos necesarios para la constitución de las comisiones de investigación son otras cuestiones que los grupos parlamentarios deberán abordar en breve.
En cuanto a las comisiones de investigación, el PSOE propone como mecanismos para su creación la votación por mayoría en el pleno y la constitución automática cuando sea solicitad por un quinto de los miembros del Parlamento. Igualmente, defiende que su funcionamiento no entre en colisión con el poder judicial y que primen los criterios de "sensatez" y "responsabilidad".
(SERVIMEDIA)
15 Mayo 1997
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