Estos sindicatos, que ya paralizaron los principales puertos del Mediterráneo el pasado 28 de enero, creen que la liberación beneficiaría a los países del norte de Euroa, que utilizan más barcos con banderas de conveniencia de paraisos fiscales, lo que les permite reducir costes.

En España, la huelga tiene el apoyo de UGT y el Sindicato Libre de la Marina Mercante, encuadrado en CCOO, quienes acusan a la Administración de no haber previsto "ni una sola medida" pra recolocar o prejubilar excedentes laborales.

Según dichos sindicatos, la flota mercante española ha disminuido su tonelaje y número de unidades en un 65 por ciento durante los últimos 8 años, hasta quedar en la actualidad con 395 buques, que dan trabajo a 14.000 marinos.

A su juicio, la liberalización debería quedar paralizada hasta armonizar la actividad del sector en toda la Comunidad Europea mediante acuerdos entre empresas navieras, armadores, administraciones y sindicatos.

Por su pare, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ha fijado unos servicios mínimos del 50 por ciento para las zonas marítimas de Barcelona, Valencia, Baleares y Canarias durante las dos jornadas de huelga, según informaron a Servimedia fuentes de la Dirección General de la Marina Mercante.

Para el resto de zonas marítimas y las navieras en las que no haya acuerdos entre empresas y sindicatos, el MOPT estableció servicios del 25 por ciento y un mínimo de tripulaciones en los barcos: tres, para aqellos que tengan entre 5 y 12 tripulantes; cuatro, para las tripulaciones de entre 12 y 17; y cinco, para las mayores de 18.

Según el MOPT, "España es uno de los países de la CE que lucha más para que la liberalización se efectúe en el mayor plazo posible y que el 50 por ciento de la tripulación de los barcos sea de la CE".

El ministerio defiende también la creación de un registro europeo, que considera necesario para que las navieras españolas no desaparezcan acogiéndose a banderas de convenienca, y quiere establecer un segundo registro en las Islas Canarias, que dé similares condiciones fiscales a las establecidas en países liberalizados de impuestos.

En la huelga del 28 de de enero, resultaron muy afectados los 24 principales puertos de España, con más de 100 buques amarrados sin descargar mercancías. Tampoco funcionaron los servicios de grúas y remolques de muchas zonas portuarias.