Al parecer, los jubilados utiliaban su derecho a adquirir las medicinas absolutamente gratis, para dotar a sus familias y descendientes de cualquier medicamento que necesitaran.

Asimismo, el SAS ha advertido la existencia de recetas que recomendaban la utilización de medicamentos, especialmente dedicados a enfermedades gástricas y cardiovasculares, que resultaron ser los más caros de cuantos existían en el mercado.

Tanto la utilización de la cartilla del jubilado para dotar de medicamentos a los no beneficiarios de este derech, así como la prescripción de las medicinas más caras del mercado contradicen la campaña emprendida por las autoridades sanitarias del país, en su intento de reducir la facturación farmacéutica anual.

Los responsables del Servicio Andaluz de Salud estiman que jubilados y doctores actuaron en connivencia, para que estos últimos accedieran a extender las recetas fraudulentas.

Los médicos que se prestaron a ello están siendo investigados por el SAS, al tiempo que unos veinte jubilados de Málaga y prvincia han sido advertidos por las autoridades sanitarias de una posible pérdida de sus derechos como pensionistas, si continúan prestándose al fraude.

Entre los médicos expedientados se encuentran también aquellos que recetaron la medicina más cara existente en el mercado, o los que prescribieron más medicamentos de lo estrictamente necesario para la solución de un problema de salud.

El SAS no cree que estos doctores actuaran de acuerdo con los laboratorios proveedores de los medicamentos. No obtante reconoce que alguno de los médicos expedientados prescribieron en sólo dos semanas recetas por valor de dieciocho millones de pesetas, mientras que la media anual no supera los dos millones y medio.