A este respecto, el vicepresidente del INI, Miguel Cuenca, señaló que están dispuestos "a negociar todo lo que haya que negociar para que las empresas del grupo público sean rentables y tengan futuro en el mercado único del 93".

Gutiérrez, Redondo y Cuenca ofrecieron hoy sendas ruedas de prensa tras participar en las jornadas sobre "El reto de la empresa pública industrial", organizadas por el NI con motivo de sus 50 años de existencia.

Cuenca insistió en que "en ningún momento se ha dicho que el INI se vaya a desprender de las empresas menos rentables" y aseguró que "se trata solamente de dotar al grupo de una nueva organización interna".

Por su parte, Gutiérrez calificó de perjudicial la segregación del grupo INI, por entender que es "una privatización parcial que abre las puertas a una privatización total".

En su opinión, "el INI, que debería ser ejemplo de transparencia y faciitar la participación de los sindicatos, no debería sorprendernos con estrategias ya diseñadas. Por ello, los sindicatos debemos ponernos en guardia ante iniciativas que tan celosamente se han guardado a los ojos de los sindicatos".

"Podemos hacer una clasificación de empresas rentables y no rentables para clarificar la contabilidad del grupo", agregó, "pero si privatizan las menos rentables, se tirarán piedras a su propio tejado, dándole la razón a quienes cuestionan la pervivencia del sector público.

"ABERRACION"

A su vez, Redondo calificó de "profunda aberración social" cualquier intento de desmantelar empresas públicas como Hunosa, Santa Bárbara, o algunas del sector de la construcción naval y siderúrgico.

Insistió en la necesidad de crear puestos de trabajo alternativos, antes de hablar de cerrar empresas "si no queremos encontrarnos con situaciones de fuerte conflictividad social".

Añadió que es partidario de un sector público eficaz "y creo que, si hay que privatizar algo, que s venda a empresas españolas y no, como está suceciendo, al capital extranjero".

Los líderes de UGT y CCOO se refirieron también a la concertación social y, materia en la que Redondo fue tajante al indicar que el pacto de competitividad "está liquidado de manera definitiva".

Ambos se mostraron dispuestos a negociar cuestiones concretas como la formación profesional, la salud laboral y la reforma de las modalidades de contratación, pero resaltaron las "enormes dificultades" que el Gobierno está ponendo.

"Dimos por cerrado el mal llamado pacto social de progreso para retomar la concertación a la vuelta de vacaciones con estos temas y el Gobierno aparece con una ley de competitividad a la belga", explicó Gutiérrez.

Expresaron su preocupación por una eventual imposición de una ley de huelga por parte del Ejecutivo y señalaron que "decir que tenemos que ponernos de acuerdo empresarios y sindicatos es un mal chiste".