Las empresas basan su recurso en la falta de competencia del director general, "cuya resolución no se limita a ejercer un control sobre la disolución de los contratos que dieron origen a la concentración, sino que impone determinadas obligaciones mucho más allá de sus atribuciones legales y de lo establecido en su día por el Tribunal Supremo, cuyo auto de ejecución de sentecia ha sido también recurrido".

En un comunicado hecho público hoy, los afectados aseguran que el Gobierno solicita medidas e informaciones a estas empresas que no han sido requeridas a otras compañías del sector radiofónico que han realizado operaciones similares con posterioridad.

"La resolución del director general de Defensa de la Comptencia altera además unilateralmente los plazos propuestos por las empresas afectadas en el plan que en su día presentaron a instancias del Consejo de Ministrosy que fue informado previamente por el Tribunal de Defensa de la Competencia y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. La alteración de dichos plazos, que, pese a ser confidenciales fueron difundidos públicamente, podría causar perjuicios irreparables a las empresas afectadas". añade la nota.

Los abogados de las empresas recurrentes estudian exigir las responsabilidades que procedan por la falta de celo en el mantenimiento del secreto sobre los plazos y advierten de que las empresas cumplieron puntualmnte con todos los requisitos ordenados en su día por el Gobierno para llevar a cabo la concentración.

Los recurrentes estiman también que la notificación del director general interfiere indebidamente en los derechos constitucionales sobre la libertad de expresión al pedir información sobre los convenios de programación de las empresas.

Antena 3 de Radio, la SER y Unión Radio consideran, al igual que la Asociación Española de Radiodifusión Comercial, que el pluralismo informativo en el sector radifónico está suficientemente garantizado por la pluralidad de la oferta existente en el mismo y que, en ningún caso, puede convertirse en pretexto para lesionar los derechos fundamentales de la libertad de información y de la libertad de empresa.