El autor propugna racionalizar su uso, pero a través de controles administrativos y no económicos, ya que a su juicio el incremento de los precios del agua sería contrario a la convergncia con Europa en este campo, al encarecer este producto.

Gil, tras reconocer que España es el país de la Unión Europea (UE) con el agua más cara en origen debido a las obras de infraestructuras necesarias para almacenarla, rechaza incorporar un nuevo canon para racionalizar la demanda, como propone el PHN.

"El régimen administrativo aplicable hoy permite ajustar la demanda mediante el control riguroso que ofrecen la vía concesional y la reglamentaria de policía de aguas, que las ConfederacionesHidrográficas pueden aplicar fácilmente, evitando, con ello, las ineficiencias y distorsiones que se derivarían de las leyes y controles económicos, los cuales, además, afectarían desfavorable e innecesariamente a la competitividad de los recursos concedidos, al encarecerlos", indica.

El estudio del BBV considera que la vigente Ley de Aguas permite al Estado resarcirse de todos los costes de la regulación hidrográfica que efectúa, por lo que no considera necesario modificar esta ley.

Previamente,el informe realiza un análisis de los recursos hídricos en España, que además de ser inferiores al de la mayoría de países de la UE, tienen un aprovechamiento del 8 por ciento, frente al 40 por ciento de media de otros estados europeos.

Por ello, señala que "la mitad meridional de España es la zona más árida de toda la Unión Europea", lo que se ve agravado por una concentración de población hacia el litoral andaluz y levantino.