Tras calificar la situación actual como "complicada", Blanco-Magadán precisó que esta es una "sequía distinta", que afecta a las cuencas del Guadalquivir, Guadiana y Segura y a los cultivos de algodón, arroz y maíz, mientras que existe una situación "normal" en los pastos y cereales de Castilla y León la comunidad más afectada el año pasado.

El efecto de esta sequía es socialmente más "complejo", según el subsecretario, pues afecta a los jornaleros y sus peonadas, con la repercusión negativa que esto puede tener en el subsidio agrario (los trabajadores del campo deben realizar un número determinado de peonadas para cobrarlo).

Blanco-Magadán expresó su preocupación también por el trasvase del cultivo de maíz al de girasol, por lo que pueden superarse las superficies máximas autorizadas por la E para este cultivo. "Lo que se produzca de más en unas zonas perjudicará a otras", dijo.

El cambio de la asignación de superficies es una de las peticiones que el ministro de Agricultura, Pedro Solbes, está negociando hoy en el Consejo de Ministros comunitario, entre un paquete de medidas contra la sequía.

Asimismo, Solbes también reclamará ayudas para los productores de algodón y arroz, independientemente de que algunas comunidades autónomas como Andalucía y Extremadura ya hayan iniciado accions propias, según confirmó Blanco-Magadán.

El subsecretario, que no quiso dar más detalles sobre las ayudas anteriores, también se refirió como otra de las medidas comunitarias a la movilización de piensos para los ganaderos a precios reducidos.

Sin embargo, a nivel nacional, descartó que la puesta en marcha de créditos bonificados vaya a tener la misma importancia que el año pasado, cuando alcanzaron los 62.000 millones de pesetas, debido al elevado endeudamiento del sector agrario.

108.000 MILONES

En su comparecencia parlamentaria, Blanco-Magadán recordó que el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas emplearon 108.000 millones en total para paliar las pérdidas de los agricultores.

De esta forma, además de los 62.000 millones antes mencionados, se emplearon otros 46.000 millones en diferentes ayudas, tales como la condonación y prórroga del Impuesto de Bienes Inmuebles y de las cuotas a la Seguridad Social, así como las compensaciones del seguro integral de cereales.

Estas ayudas, de las que se beneficiaron 114.000 agricultores de las dos castillas, Andalucía y Extremadura, intentaron paliar unas pérdidas por un valor estimado por Agricultura de 117.000 millones de pesetas.

El subsecretario destacó la importancia de las ayudas de las comunidades autónomas -en especial la de Castilla y León, a la que elogió por su eficacia- que fueron el 45 por ciento del total.