La operación consiste en el traspaso, por 259 millones de euros (43.093 millones de pesetas), del 95,24% de las acciones que la Sepi tenía en Transmediterráne al consorcio ganador.

Este grupo de empresas asume, además del contrato vigente entre Transmediterránea y el Estado, la obligación de mantener hasta enero de 2008 (un año más del plazo exigido por la Sepi) la unidad de la empresa, su sede social en España, una participación mínima que asegure el control de la compañía y sus fondos a 31 de diciembre de 2001.

La oferta también se compromete a mantener la plantilla fija y las condiciones laborales existentes. Además, se marca como objetivo fortalecr el servicio de transporte de pasajeros y mercancías mediante alianzas con otras empresas, aumentar los servicios y abrir nuevos mercados.

Junto con la adjudicataria, optaban a quedarse con Transmediterránea otras cinco sociedades y grupos de empresas: el encabezado por la constructora Sacyr, Marsans y Ahorro Corporación; el formado por la naviera Baliaria y Astilleros Rodriguez; el compuesto por la naviera Boluda y CVC Capital Partners; y las empresas gala y británica Stef y Sea Containers, respectiamente.

La decisión tomada hoy llega después de que esta misma semana el presidente de la SEPI, Ignacio Ruiz-Jarabo, anunciara en Santander que la venta de Transmediterránea había quedado retrasada hasta finales del verano, al cambiarse el banco asesor del SCH a JP Morgan.