Este será el segundo año de clararecesión en el sector, ya que en 1992 la caída la producción ascendió a 6,3 billones de pesetas, un 6 por cien menos que en el 91, y la pérdida de empleos afectó a 104.000 personas.

Sólo Cantabria registró una ligera variación positiva, mientras que el descenso de actividad fue especialmente acusado en los casos de Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra y la España insular.

La construcción pública se redujo un 10 por ciento y la privada un 4 por cien. La mayor regresin se dió en la obra civil, del 12 por cien, seguida de la vivienda, un 7 por cien, y la edificación no residencia, un 5 por cien. Por contra, las obras de rehabilitación aumentaron un 4 por ciento.

Entre las causas de la crisis, Aisa destacó el elevado precio de las viviendas, que ahora exigen un gasto equivalente a 5,2 veces la renta media anual de los españoles, mientras que en 1986 suponían 3,3 veces.

Otros factores señalados por el presidente de Seopan son la atonía general de la inversión, e recorte de la inversión pública y la culminación de las grandes obras realizadas en torno a los acontecimientos del 92 sin que otras tomasen el relevo.

No obstante, afirmó ser "moderadamente optimista" sobre el futuro del sector a partir de 1994, año a partir del cual estimó que la construcción crecerá entre 1 y 2 puntos por encima del PIB, si el Gobierno mantiene su compromiso de dedicar a inversión el 5 por cien del producto nacional.

Aisa apuntó, como principales necesidades del sector, que hya un marco estable de inversión pública capaz de garantizar la actividad de las constructoras sin altibajos, una Ley de Contratos equilibrada y la reducción de la deuda de las Administraciones con los constructores.

Según Seopan, esa deuda asciende actualmente a cerca 800.000 millones de pesetas, de los 275.000 millones corresponden a la Administración Central, 350.000 a las comunidades autónomas y 170.000 a las corporaciones locales.

Aisa afirmó que sólo el MOPT está haciendo un esfuerzo serio ara reducir su deuda a "niveles razonables", mientras que acusó a las autonomías y los ayuntamientos de estar "depurando los mecanismos" para aplazar aún más los pagos.

Advirtió que esta política está haciendo aumentar los costes financieros de las empresas del sector, especialmente las pequeñas y medianas, hasta niveles que ponen en peligro su viabilidad.

En relación con este problema, confirmó que las constructoras están pagando impuestos del IRPF y del IVA con certificaciones de obras no pagads, en lugar de con dinero en efectivo, por un importe que asciende hata ahora a 50.000 millones de pesetas.

Aseguró que esa es una posibilidad contemplada en la legislación fiscal y animó a las empresas a recurrir a ella como "paliativo" al retraso en los pagos por parte de la Administración.

PEAJES

Por otra parte, Aisa calificó el Plan Director de Infraestructuras de "intento meritorio", pero recalcó que es necesario no sólo un debate técnico sino también un gran acuerdo político en torno a élpara garantizar que no sufrirá modificaciones significativas si hay cambio de gobierno.

Se mostró partidario de profundizar en las vías de financiación extrapresupuestarias de las infraestructuras, pero consideró "prácticamente imposible" introducir peajes en las autovías actualmente en funcionamiento.

A su juicio, fue un error de la política de obras públicas de los años ochenta construir una red de autovías en lugar de una de autopistas con peaje. Ahora, añadió, sólo cabe poner peaje en las nueas autovías, ya que en las otras habría controles de entrada y vías alternativas para los que no quieran pagar.