Fuentes de la dirección de esta patronal consultadas hoy por Servimedia indicaron que su previsión se basa en la menor contratación de obras públicas por parte del Estado tras los grandes acontecimientos del 92 y la atonía del mercado de viviendas libres.

La caída de actividad tendrá como principal efecto la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo en la construcción, con el consiguiente efecto "arrastre" en las empresas auiliares, en las que se pierden dos empleos por cada uno destruido en las constructoras.

Según Seopan, la Administración debería poner en marcha urgentemente el Plan de Infraestructuras, que tiene una duración de 10 años, para dar un impulso al segundo plan de autovías, las obras hidráulicas, la contrucción de puertos y aeropuertos, y la linea del AVE entre Madrid y Barcelona, entre otras áreas de actuación.

En su opinión, aunque el Gobierno quiera dar prioridad al transporte ferroviario de cercanas, debe incluir también la construcción del AVE Madrid-Barcelona dentro del Plan de Infraestructuras, aunque su terminación se posponga algunos años.

Para 1992, la patronal de las grandes constructoras prevé una caída de la producción del sector del 4 por ciento, aunque que el MOPT cumpla su compromiso de licitar obras de carreteras por un importe de 350.000 millones de pesetas en este ejercicio.

A su juicio, eso es insuficiente para paliar las caídas registradas en el conjunto de la Administracón Central, así como en comunidades autónomas y ayuntamientos, cuyas licitaciones disminuyeron en lo que va de año entre un 33 y un 53 por cien.

Seopan considera insuficiente la inversión en infraestructuras y asegura es falso que la Administración vaya a invertir en esa materia el 5 por ciento del PIB, ya que sus estimaciones sitúan el gasto público en ese apartado en el 3,5 por cien.

En su opinión, "el Gobierno debe ser consciente de que endeudarse por invertir no es endeudar a las generacionesfuturas, sino anticipar las cosas que, en caso contrario, tendrían que hacer más caras".

DEUDA CONTRAIDA

Por otra parte, Seopan teme que, como en años anteriores, el Gobierno "cuadre" el déficit del Estado de fin de año "embolsando" los pagos pendientes a las constructoras, que ya efectúa con un retraso medio de seis meses.

Según Seopan, la deuda total de las administraciones públicas central, local y autonómica está estabilizada en torno a los 750.000 millones de pesetas, y nuevos aplazamiento pondrían en peligro la estabilidad de algunas empresas.

A su juicio, el Gobierno podría ahorrar gasto público y destinarlo al pago de sus deudas poniendo coto a las duplicidades de competencias con las comunidades autónomas. A este respecto, considera positivo que la nueva Ley de Contratos afecte a todas las administraciones públicas y no sólo al Estado.