Según Seopán, esta deuda procede de las obras realizadas en viviendas del Programa de Remodelación de Barrios de Madrid, gestionado por el IVIMA y cuyos contratos de ejecución se formalizaron en su día con la Sociedad Estatal para la Gestión y Rehabilitación de Viviendas (SGV), hoy Segipsa, propiedad del Patrimonio del Estado y que actuó como mandataria.

Según un comunicado difundido hoy por Seopán, esta deuda, cuya antigüedad sobrepasa en la mayoría de los casos los dos años, "ha vendo causando serias dificultades y graves quebrantos a las constructoras afectadas, habiendo provocado déficits generalizados de tesorería y, en algunos casos, suspensiones de pagos irreparables".

La patronal explica que, junto con las empresas afectadas, viene realizando desde hace tiempo múltiples gestiones para solucionar el problema, gestiones que concluyeron en la firma de un convenio el pasado mes de mayo entre los ministerios de Economía y Obras Públicas con la Comunidad de Madrid que no se ha cmplido.

En ese convenio, según Seopán, el Estado asumía la aportación de 24.000 millones de pesetas para la financiación del déficit acumulado y la terminación del Programa de Remodelación de Barrios de Madrid, "a fin de no generar posibles repercusiones irreparables a terceros".

Seopán denuncia que, transcurridos ya ocho meses, todavía no se ha liquidado la deuda contraída con las constructoras en las promociones del IVIMA gestionadas a través de Gepipsa y "no se atisba ninguna disposición de esos organismos para hacer frente a los compromisos adquiridos".

Los responsables de Seopán consideran que el retraso del pago de la deuda es "injustificado" e "inexplicable", y advierten que la frustración que sienten las constructoras puede obligarlas, "como única alternativa viable, al ejercicio de las acciones legales que les correspondan en defensa de lo que son sus legítimos intereses".