En declaraciones a Servimedia, Lacuerda recordó que no sólo se trata de la ubida del 2% dejada de abonar en 1997, sino también de los atrasos generados por la incidencia de esta subida en los salarios de los años posteriores.

La sentencia anula la decisión del Gobierno del PP porque no tuvo en cuenta un acuerdo anterior entre el Ejecutivo del PSOE y los sindicatos. Para Lacuerda, este hecho supone "un fuerte respaldo" a la negociación colectiva y la demostración de que los acuerdos que firman los agentes sociales deben ser respetados siempre, "mande quien mande".

"Fue l última cabezonada del PP contra una decisión del Gobierno anterior y perjudicó a los funcionarios", concluyó Lacuerda, antes de avisar al Ejecutivo de que deberán acometer cuanto antes el pago de los atrasos.