En una sentencia, a la que tuvo acceso Servimedia, la Audiencia da la razón al recurso planteado por la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, que recurrió la congelación salarial apelando a que los sindicatos habían firmado un plan de incrementos salariales para el periodo 1995-1997.

El citado acuerdo, aprobdo por el Consejo de Ministros y publicado en el BOE a finales de 1994 incluía en un capítulo que estipulaba que "las retribuciones de los empleados públicos para los años de 1996 y 1997 experimentán un incremento según las previsiones presupuestarias del IPC".

Sin embargo, el 19 de septiembre de 1996, el entonces ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, firmó una resolución adoptando la congelación salarial de los funcionarios que, ahora, los magistrados de la Audiencia consideran "no ajstada a derecho".

La sentencia recuerda que los pactos y acuerdos adoptados en la negociación colectiva "han de ser cumplidos por las partes en la negociación y, siendo una parte la Administración del Estado, ella queda vinculada", de acuerdo con lo que establece la normativa vigente.

Por ello, el acuerdo de 1994 no puede ser modificado por una de las partes de manera unilateral y "al hacerlo así el ministro, como órgano administrativo con competencia para llevar a cabo la negociación, vulneró lavinculación legalmente establecida".

PAGO URGENTE

La sentencia obliga además al Gobierno a abonar a los funcionarios afectados por el acuerdo firmado con el PSOE, de 15 de septiembre de 1994, "el incremento en su retribución, según la previsión presupuestaria del crecimiento del IPC en el año 1997, más las cantidades dejadas de percibir durante los años sucesivos como consecuencia de la inaplicación del señalado incremento".

Para ello, los magistrados piden al Ejecutivo que abra "en el menor plzo posible" negociaciones con los sindicatos para el abono de estos importes, de los que se favorecerán el personal al servicio de la Administración civil del Estado, de sus organismos autónomos, de la Seguridad Social y entre públicos representados en la Mesa General de Negociación.

Sobre el personal de la Administración de Justicia, Correos, instituciones sanitarias públicas y personal docente y no docente de universidades, los magistrados aseguran que tendrán derecho al cobro de los atrasos si lo prmiten las peculiaridades de sus respectivos estatutos.

Finalmente, la sentencia, dictada con un voto particular contrario, precisa que no cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo puesto que, de hecho, este asunto ya pasó por el Alto Tribunal, que derivó el conflicto a la Audiencia Nacional.

120.000 MILLONES

Para CCOO, se trata de un hecho "muy positivo" porque hará recuperar, en parte, el poder adquisitivo perdido por dos millones de funcionarios españoles "que fueron estafados en su omento por el Gobierno del PP".

El sindicato que lidera José María Fidalgo califica de "capital" el fallo de la Audiencia porque supondrá que todas las retribuciones de los empleados públicos, básicas y complementarias, debieron incrementarse en un 2% en 1997, siendo aumentadas en las previsiones de IPC de los años sucesivos.

Según los primeros cálculos del sindicato, el Gobierno tendrá que hacer frente a un gasto de 120.000 millones de pesetas, aunque, a falta de conocer si el fallo incluye tambén a los funcionarios de las comunidades autónomas, el importe se podría elevar hasta el medio billón.