Serrano, que planteará la pregunta en el pleno del Senado del próximo miércoles, sostiene que la liberalización de precos aprobada por el Gobierno en 1993 puede haber desembocado en un sistema oligopolístico de fijación de precios, en lugar de redundar en una mayor competencia beneficiosa para el consumidor.

En 1993, el Gobierno autorizó a las empresas dedicadas al refinado de productos petrolíferos a establecer los precios de venta al público, entre un máximo y un mínimo que fija el propio Ejecutivo, mediante una fórmula que recoge la media de seis países de la Unión Europea y los mercados internacionales de Rotterda y Génova, a los que se añaden dos pesetas, más los impuestos correspondientes.

A juicio del senador del PSOE, la experiencia de los casi dos años de aplicación del nuevo sistema muestra que "los precios en la totalidad del territorio peninsular son prácticamente idénticos, aunque vendan distintos operadores, y los precios de venta al público han dejado de tener margen respecto a los precios máximos autorizados hasta llegar a coincidir invariablemente con ellos, sin tener en cuenta la reglas que razonblemente deberían influir en los precios según la ley del libre mercado".

Por todo ello, el senador quiere que el Gobierno aclare qué medidas piensa adoptar "para que los españoles podamos tener una oferta variada en cuanto a precios de carburantes, evitando las posibles prácticas restrictivas a la competencia que pudieran originar algunas compañías petroleras que operan en España", según el texto de la pregunta, a la que tuvo acceso Servimedia.

SOSPECHA GENERALIZADA

La denuncia del senador socalista se produce unos meses después de que la Unión de Consumidores de España presentase un informe realizado en 520 gasolineras, según el cual la uniformidad de los precios hace pensar que existe "un acuerdo para fijarlos y eludir así la libre competencia".

Las mismas sospechas de colusión en los precios por parte de las petroleras son compartidos por los gasolineros, que a mediados de octubre anunciaron su intención de presentar una cascada de denuncias por este motivo ante el Tribunal de Defensa d la Competencia.

Las demandas de los gasolineros se sumarán a las ya presentadas contra las petroleras por la patronal de estaciones de servicio y otras organizaciones profesionales, en contra de las políticas de precios que siguen las principales operadoras de carburantes en España.

La principal acusación formulada contra petroleras como Repsol, Cepsa, BP y Total, entre otras, es haber formado un cartel que impide la "guerra de precios".

El sistema, según los denunciantes, es la utilizaciónde los contratos de suministro en exclusiva para vender combustible a los gasolineros sin competencia de otra marca durante muchos años y con un margen de cinco pesetas entre lo que les cobran y los "techos" fijados por el Ministerio de Industria.

Muchos gasolineros están iniciando procesos de resolución por arbitraje de los contratos que les "atan" a las petroleras, en los que se pide, en el caso de los propietarios de estaciones de servicio, la resolución del contrato, para apoder buscar el precio ms barato en el mercado, mientras que en los casos de arrendamiento se reclama una indemnización que oscila entre los 150 y los 200 millones de pesetas.

La situación cobra especial relevancia para las petroleras afectadas porque más del 80 por cien de las estaciones de servicio que hay ahora en España están sujetas a contratos de este tipo.