A juicio del senador, el incumplimiento de esta sentencia eclesiástica dificulta las relaciones entre Aragón y Cataluñay, por ello, debe intervenir el Gobierno de la nación.

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, aclaró hoy que no compete a los tribunales de Justicia ordinaria ni al Gobierno inmiscuirse en los asuntos que competen a los tribunales eclesiásticos en relación a los bienes que pertenecen a las parroquias de la Diócesis de Barbastro y Monzón (Huesca) y que se encuentran en Lleida.

"No es competencia del Gobierno de la Nación ni tampoco su responsabilidad política", afirmó el ministro.

López Aguilar contestó así a una pregunta del senador del Grupo Mixto, José María Mur, del PAR, sobre las gestiones que piensa realizar el Gobierno ante la Santa Sede para que se cumplan las resoluciones y decretos que emiten los tribunales eclesiásticos del Vaticano en relación con los bienes que pertenecen a las parroquias de la Diócesis de Barbastro y Monzón.

"Lo único pedimos", reclamó el senador Mur, es que el Estado Vaticano haga cumplir en el territorio español las propias sentencias que emanan de sus tribunales, "es poco pedir, pero es una muestra de respeto. Si les dejamos que juzguen cuestiones particulares en nuestro territorio, lo lógico, es que el Estado Vaticano haga cumplir sus sentencias y no tuviera en rebeldía al obispo de Lleida", apostilló.

El senador del PAR insistió en que el incumplimiento de la sentencia eclesiástica por parte del obispo de Lleida "es una ofensa al Estado de Derecho español" y reclamó al ministro de Justicia que lo remedie.

López Aguilar admitió que los acuerdos con la Santa Sede vinculan al Gobierno en sus términos y a los poderes públicos, siempre sujetos a la Constitución.

"Si la Iglesia y la Santa Sede, disponiendo de bienes de titularidad privada de carácter histórico y cultural, contraviniese la legislación del Estado, el Gobierno tendría acción, pero nos enfrentamos a un conflicto de bienes de titularidad de la Iglesia católica que mientras que no contravengan la Constitución, el Estado solo puede apelar al buen sentido de las instituciones eclesiásticas para intentar dar cauce y resolución a la cuestión de fondo", explicó LópezAguilar.

Finalmente, reafirmó la "neutralidad" que mantendrá el Estado sobre este asunto porque, según dijo, el Gobierno no encuentra acción, que contradiga la Constitución, para intervenir.